La Nación tomó una decisión: le entregará a la Ciudad el manejo de las 31 líneas de colectivos que circulan dentro de los límites de la General Paz, el Río de la Plata y el Riachuelo. De esa manera, dejará de pagar una parte de los subsidios que todos los meses aporta. Sin embargo, la recepción del transporte en la sede porteña no será pacífica, ya que sostienen que debería haber un acuerdo y que para ese pasaje es necesario que haya intervención del Congreso y de la Legislatura local. El motivo es simple: el dinero de los subsidios y, sobre todo, la postergada solución por la coparticipación.
Dos fuentes oficiales que trabajan en el Palacio de Hacienda y una del gobierno porteño confirmaron a LA NACION que la decisión está tomada y que sería “inminente”. Hasta ahora, de acuerdo a lo que sostuvieron, no habrá ningún tipo de acuerdo entre las dos administraciones, sino una decisión unilateral de los funcionarios que responden al ministro de Economía, Luis Caputo.
De hecho, pese a lo polémico del asunto, deberá ser el propio jefe de la cartera el que firme la resolución, ya que el secretario de Transporte, Franco Mogetta, tenía previsto volar a Canada por estas horas, rumbo a un encuentro del mundo aerocomercial.
La medida se tomará horas después de que Caputo firmara una resolución (801/2024), mediante la que decidió absolutamente todo lo que tiene que ver con los colectivos numerados del 1 al 200 (donde están las 31 líneas porteñas), sobre los que tiene jurisdicción. Se trata de una adecuación de los permisos que tienen estas líneas en relación con sus recorridos, cabeceras, ramales y parque móvil, entre otros, que en muchos casos ya no coincidían con la realidad de las líneas.
La norma tiene 100 anexos y en ello se decidieron los recorridos, las frecuencias, el parque móvil que tiene que tener cada línea, los horarios y las tarifas que puede cobrar. De eso, justamente, se quejan Macri y los suyos: la Nación decide todo, pero lo paga la Ciudad, y ni siquiera puede disponer que una línea vaya por otra calle. Para saldar el asunto, Caputo entregaría todo el paquete a la Ciudad, eso sí, después de regular toda la actividad.
En las oficinas cerca del alcalde dicen que no es posible recibir todo el sistema de un día para otro. “Para nosotros es necesario un tiempo de al menos seis meses como para poder implementar todo, porque además debe pasar por la Legislatura”, dijo en una entrevista radial el ministro de Infraestructura porteño, Pablo Bereciartua.
La discusión tiene cifras. Según datos del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el costo del viaje en el transporte público por colectivo en las 31 líneas de jurisdicción nacional, pero que tienen recorrido sólo por dentro de la Ciudad es de $863. De ese importe, el pasajero paga $371 mediante el boleto (el mínimo), la Nación aporta un subsidio de $271 y el fisco porteño, el restante $221. ¿Qué pasaría si se retira la Casa Rosada? Si el Jefe de Gobierno, Jorge Macri, se mantiene en su postura, pues el pasaje debería tener un precio de $642.
En Parque Patricios dicen que la Nación no puede transferir unilateralmente competencias o traspasar la carga del aporte de subsidios a la Ciudad sin su consentimiento, a través de un acuerdo firmado y avalado por la Legislatura porteña y el Congreso Nacional. “Hacerlo es inconstitucional y viola el artículo 75 de la Carta Magna. Mucho menos se puede implementar una transferencia mediante un decreto”, dicen en las oficinas cercanas a Jorge Macri.
Dicen que en una carta que envió el ministro a la Ciudad, el funcionario nacional reconoció la jurisdicción. “En miras del ordenamiento de las competencias propias de cada jurisdicción y hasta concretarse la transferencia de los servicios de transporte automotor, se insta por este medio a asumir las responsabilidades que le son propias en relación al pago de las compensaciones tarifarias correspondientes al transporte público de pasajeros por automotor con recorrido íntegro dentro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, explica en uno de sus párrafos el ministro nacional. Hasta ahora, el transporte está regulado por el decreto 656 del 29 de abril de 1994.
La cuestión es vieja y se remonta al fallo de la Corte Suprema, cuando decidió que se devuelva a la Ciudad un porcentaje de coparticipación diferente al que que había decidido Alberto Fernández para entregársela al gobernador Axel Kicillof. En aquel 2020, el entonces presidente resolvió por decreto, y luego a través de una ley, quitarle a la Ciudad de Buenos Aires el 60% de lo que recibía. Así la coparticipación federal pasó de 3,5% a 1,4%. El 21 de diciembre de 2022, la Corte fijó provisionalmente a través de una cautelar un coeficiente de coparticipación de 2,95%, hasta que se resuelva la cuestión de fondo del reclamo. En ese fallo estableció que ese dinero se tenía que girar diariamente al distrito en forma inmediata.
Desde hace cuatro semanas, Caputo decidió entregar por semana $20.000 millones a las cuentas de Macri. Pero nada negoció con el dinero que queda pendiente desde el 21 de diciembre de 2022, cuando la Corte decidió sobre el asunto. Además, dicen en la Ciudad, ese importe es discrecional, no es diario y no se sabe qué sucederá el viernes que viene. “Acatar el fallo es establecer que al igual que lo que sucede con todas las provincias, se deposite diariamente 2,95 de cada 100 pesos que se recauden, además de empezar a solucionar el retroactivo”, dicen en Parque Patricios. ¿De qué se trata ese monto? Según cálculos porteños a una cifra cercana a los 5 billones de pesos.
