Con el fin de la moratoria previsional del pasado 23 de marzo surge la oportunidad de repensar un funcionamiento más equitativo, justo e integral del sistema previsional, enfocado en lo importante, que permita avanzar hacia un sistema más ordenado.
Para ello, es imprescindible romper con la inercia de improvisaciones y soluciones temporales que han caracterizado la política previsional durante años. Junto con el diputado Agustín Domingo hemos presentado un proyecto de ley que da el primer paso hacia un ordenamiento integral del sistema.
Las moratorias surgieron como un parche a la rigidez del sistema tras la eliminación del régimen de capitalización. Exigir 30 años de aportes en un mercado laboral inestable es una trampa que aumenta la vulnerabilidad de muchas personas. Sin embargo, la respuesta no puede seguir siendo la misma: permitir que quienes no aportaron puedan “comprar” años de servicio genera distorsiones profundas y desincentiva el cumplimiento de las reglas.
Hoy, más de la mitad de las jubilaciones fue obtenida a través de moratorias. Esto no solo agrava el déficit, sino que genera inequidades entre quienes aportaron durante décadas y quienes no lo hicieron. Además, al ser una jubilación contributiva, muchas de estas prestaciones se transforman en pensiones por sobrevivencia, multiplicando la presión sobre el sistema.
El costo de esta improvisación constante se financia con la manipulación de la movilidad previsional, es decir, licuando los haberes de quienes sí aportaron. Entre 2018 y 2024, la jubilación promedio cayó casi un 40% en términos reales. Este deterioro es la prueba más clara de que seguir prorrogando la moratoria es simplemente perpetuar la crisis.
El vencimiento de la moratoria debe ser la oportunidad para abandonar la lógica de la urgencia y comenzar un proceso de ordenamiento real. La política previsional es demasiado compleja para seguir siendo tratada con improvisación. Nuestro proyecto propone crear el Grupo de Expertos Previsionales (GEP), un equipo interdisciplinario encargado de redactar un proyecto de ordenamiento integral con lineamientos y plazos claros. Solo con un trabajo técnico serio podremos avanzar hacia un sistema justo y sostenible.
Mientras el GEP hace su trabajo, proponemos medidas concretas para la transición. La clave es eliminar el requisito de los 30 años de aportes y fortalecer la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM). Así, quienes lleguen a la edad de retiro tendrán una jubilación calculada en función de sus aportes reales, con la PUAM como un piso garantizado que aumentará según la cantidad de meses aportados. Además, se eliminará la restricción que impide a sus beneficiarios seguir trabajando.
La continua degradación del sistema, los juicios de jubilados que se sienten estafados y la creciente tensión social exigen una respuesta urgente. Pero esta vez, la urgencia no puede justificar la comodidad de otro parche. Tampoco podemos caer en la pasividad de esperar tiempos políticos más favorables.
El momento de priorizar lo importante es ahora. Si no rompemos con la lógica de lo inmediato y tomamos medidas estructurales, el colapso del sistema será inevitable. Nuestro proyecto es un primer paso en esa dirección: pasar de la urgencia constante a una solución real y sostenible.
La autora es abogada y diputada (Encuentro Federal – Córdoba)
