El ministro de Seguridad Social de Brasil, Carlos Lupi, renunció este viernes al cargo, salpicado por una trama de corrupción descubierta en su despacho, mediante la cual fue desviado el equivalente a 1.100 millones de dólares de las cuentas de unos cuatro millones de jubilados.
Aunque Lupi no ha sido involucrado directamente en el asunto, el escándalo desatado por el fraude sufrido por los pensionados hizo casi imposible su permanencia en el cargo y el ministro presentó su dimisión, inmediatamente aceptada por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, según informó el gobierno en una nota oficial.
Lupi estaba en el ojo de una tormenta política luego de que se detectaran descuentos no autorizados en los recibos de jubilaciones y pensiones, realizados por sindicatos y otras asociaciones con la posible connivencia de funcionarios del Instituto Nacional de Seguridad Social (INSS).
El gobierno anunció la renuncia en un comunicado. «Tomo esta decisión con la certeza de que mi nombre no fue citado en ningún momento en las investigaciones en curso», se defendió Lupi en una carta divulgada en su cuenta de X.
Lupi, de 68 años, pertenece al Partido Democrático de los Trabajadores (PDT), que es un antiguo aliado de Lula y de su Partido de los Trabajadores (PT).
Según la nota en la que se informó sobre la renuncia de Lupi, el gobierno anunció que será sustituido por Wolney Queiroz, también del PDT y quien hasta ahora se desempeñaba como viceministro.
Los investigadores calculan que hasta 6.300 millones de reales (unos 1.100 millones de dólares) fueron descontados entre 2019 y 2024 por sindicatos y asociaciones que en teoría debían prestar servicios a jubilados, como asistencia jurídica u obtención de descuentos en planes de salud.
Una parte aún no determinada de ese monto se habría debitado de forma ilícita.
La Policía Federal informó de que la investigación comenzó sobre la base de unas 130.000 denuncias de jubilados que tuvieron fondos sustraídos de forma irregular de sus cuentas, pero las autoridades sospechan que el número de víctimas del fraude puede ser mayor y hasta superar los cuatro millones.
Este mismo viernes, el gobierno realizó una serie de reuniones en las que fueron discutidas diversas posibilidades para devolver a los jubilados y pensionados el dinero que les fue robado, aunque aún no ha tomado una decisión definitiva sobre el asunto.
Lupi era ministro de Seguridad Social desde el regreso al poder del Lula en enero de 2023.
El presidente del INSS fue destituido de su cargo hace diez días. Otros funcionarios de la entidad, así como un policía federal, fueron suspendidos.
El escándalo toca las puertas del gobierno de Lula, un ex obrero y ex sindicalista que dejó sus dos primeros gobiernos (2003-2010) con una popularidad récord por sus políticas sociales, pero cuya imagen se ve debilitada desde hace meses debido en parte a la inflación.
En un discurso esta semana, el líder socialdemócrata afirmó que su gobierno «desmontó» el esquema ilegal contra los jubilados y pensionados y que ordenó que los responsables sean procesados y obligados a reparar los daños.
Pero la oposición en el Congreso, de mayoría conservadora, apura la creación de una comisión especial de investigación sobre las irregularidades en el sistema de seguridad social.
Este es el segundo caso de corrupción que enfrenta el Ejecutivo en pocas semanas.
A principios de abril, el ministro de Comunicación de Lula, Juscelino Filho, renunció luego de ser inculpado por presuntos sobornos cuando era diputado en 2022. Filho negó irregularidades.
La salida de Lupi, miembro de un partido de la base del gobierno, sacude las alianzas de Lula camino a las elecciones presidenciales de 2026, en las que el líder del Partido de los Trabajadores podría intentar su reelección.
