BRASILIA.- Jair Bolsonaro se reúne este miércoles con diputados de la oposición para pedir apoyo al proyecto de amnistía para los condenados por actos golpistas del 8 de enero, además de reforzar un cambio en la ley de Antecedentes Limpios para reestablecer su elegibilidad luego de ser imputado por intento de golpe de Estado.
Después de que el principal fiscal de Brasil acusara al expresidente Jair Bolsonaro de planear un golpe de Estado para 2022, el futuro político del exmandatario puede depender de un bombardeo legislativo para cambiar las leyes que rigen cómo se prohíbe a los políticos presentarse a las elecciones. Una condena por parte del Supremo Tribunal, que está supervisando el caso, podría llevar a Bolsonaro a prisión y crear otro obstáculo para sus planes de presentarse a las elecciones presidenciales del próximo año. La ley anticorrupción que votó en 2010 como legislador prohíbe a cualquier persona condenada por un tribunal de apelaciones presentarse a un cargo público.
Bolsonaro fue acusado el martes por la noche de liderar una “organización criminal” con el objetivo de derrocar la democracia brasileña de 40 años después de que perdiera las elecciones de 2022 frente al presidente Luiz Inacio Lula da Silva, a quien planeaban envenenar.
Los abogados de Bolsonaro negaron que hubiera apoyado ningún movimiento que atacara las instituciones democráticas de Brasil. Además, calificaron el caso de “caza de brujas política” llevada a cabo por tribunales e investigadores parciales. Colaboradores cercanos a Bolsonaro reconocen en privado que tiene muchas probabilidades de limpiar su nombre ante el Supremo Tribunal Federal, por lo que el expresidente está centrando sus esfuerzos en reunir aliados en el Congreso para despejar su camino hacia un regreso político.
Anunciado por la Procuraduría General de la República (PGR), Bolsonaro está acusado de cometer cinco delitos: tentativa de abolición violenta del Estado democrático de derecho, golpe de Estado, organización criminal armada, daño calificado por la violencia y amenaza grave y deterioro del patrimonio histórico. Si la acusación es aceptada por la Corte Suprema y resulta en una condena, las sentencias combinadas podrían alcanzar los 38 años de prisión.
Una vez cumplida la condena de casi cuatro décadas, Bolsonaro aún tendría ocho años más de inelegibilidad debido a la aplicación del castigo previsto en la ley de “ficha limpia” brasilera. Esta suma, sin embargo, no tiene en cuenta posibles peticiones de aumento de la pena, lo que podría incrementar el tiempo que debe permanecer fuera de la carrera electoral.
Además, Bolsonaro ya está inhabilitado para postularse a cargos públicos hasta 2030 , tras ser declarado inelegible por el Tribunal Superior Electoral (TSE) en 2023. La Corte entendió que el expresidente abusó de su poder político y usó indebidamente los medios de comunicación al atacar, sin pruebas, máquinas de votación electrónica en una reunión con embajadores en vísperas de la campaña de 2022.
Bolsonaro se reunió el martes con senadores aliados sobre los planes para revisar la llamada “ley de antecedentes limpios” y otros posibles obstáculos para su candidatura en 2026. ”La ley de antecedentes limpios hoy sólo sirve para una cosa, para perseguir a los políticos de derecha”, dijo Bolsonaro en un video publicado en las redes sociales este mes. “Lo ideal sería revertir la ley para que nadie más sea perseguido, y la persona que decida si elegirán a un candidato o no seas tú”.
Pocos políticos se han beneficiado más de la ley que el propio Bolsonaro, que impulsó su aprobación como parte de una cruzada anticorrupción que lo llevó desde los últimos bancos del Congreso hasta el palacio presidencial.
Lula, durante mucho tiempo uno de los políticos más populares de Brasil, fue excluido de las elecciones de 2018 por la ley de antecedentes limpios, despejando el camino de Bolsonaro para ganar la carrera. El líder izquierdista había sido condenado ese mismo año por su presunto papel en un extenso esquema de sobornos que involucraba a su Partido de los Trabajadores. El Supremo Tribunal anuló posteriormente esa condena.
De todas maneras, los nuevos cargos que se le imputan a Bolsonaro no son el único obstáculo para su regreso a la política. En 2023, el Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil prohibió a Bolsonaro ejercer cargos públicos hasta 2030 por abusar de su poder político en dos instancias diferentes durante su campaña presidencial de 2022, incluido su ataque a la legitimidad del sistema de voto electrónico del país.
Sus aliados también están proponiendo cambios en las leyes que podrían, por ejemplo, reducir el tiempo que un político puede estar bloqueado para presentarse a un cargo. No está claro si esos proyectos de ley pueden ganar tracción en el Congreso, pero algunos conservadores se han envalentonado por la caída de la popularidad de Lula.
Agencia Reuters y diario O Globo