BRASILIA.- La policía federal brasileña concluyó este jueves que Jair Bolsonaro intentó dar un golpe de Estado tras perder las elecciones presidenciales de 2022 con el presidente Lula da Silva y pidió su imputación, al concluir casi dos años de investigaciones.
Los investigadores piden que Bolsonaro y otros 36 investigados, entre quienes se encuentran exministros y militares de la activa y reserva, sean imputados por abolición violenta del Estado democrático de derecho, golpe de estado y organización criminal, delitos que sumados reúnen penas de hasta 30 años de cárcel.
En la lista aparecen militares de alto perfil, como el exministro de Defensa, general Walter Souza Braga Netto, y el exministro jefe del Gabinete de Seguridad Institucional, Augusto Heleno.
También, el exministro de Justicia Anderson Torres y el exdirector de la Agencia Brasileña de Inteligencia y diputado federal, Alexandre Ramagem.
En la lista también está el argentino Fernando Cerimedo, el experto en marketing digital y consultor del presidente argentino, Javier Milei en sus primeras incursiones en la política,.
Según la policía, existen indicios suficientes de que existió una organización criminal que actuó de “forma coordinada” en 2022 para mantener a Bolsonaro en el poder.
Los investigadores piden que Bolsonaro y los otros investigados sean imputados por abolición violenta del Estado democrático de derecho, golpe de Estado y organización criminal, delitos que sumados reúnen penas de hasta 30 años de cárcel.
El informe de la policía todavía se mantiene bajo secreto de justicia, pero los nombres de los imputados fueron publicados oficialmente.
La investigación de la policía comenzó en 2023, poco después del 8 de enero, cuando bolsonaristas furiosos con los resultados invadieron y depredaron las sedes de los tres poderes clamando por una intervención militar que repusiera al presidente en el poder.
De acuerdo con la periodista de CNN Brasil Débora Bergamasco, la policía reunió inclusive indicios de que el expresidente (2019-2022) tenía pleno conocimiento de un plan para asesinar a Lula, su vicepresidente, Geraldo Alckmin, y un juez del Supremo Tribunal Federal (STF), hecho por el cual la policía arrestó el martes a cuatro militares y un agente de la policía federal.
El reloj comienza a correr para Bolsonaro, en la investigación más sensible en su contra.
La procuraduría general de la república deberá decidir en los próximos días, en base al informe policial, si ofrece una denuncia a la Corte, en la investigación que conduce el juez Alexandre de Moraes.
Las pruebas fueron obtenidas por medio del quiebre de secretos telefónicos, bancarios, fiscales, una delación premiada -del exayudante de órdenes de Bolsonaro, Mauro Cid- y diversos allanamientos.
“Las investigaciones apuntaron que los investigados se organizaron por medio de divisón de tareas, lo que permitió la individualización de las conductas”, dijo la fuerza en una nota de prensa.
La policía concluyó que existieron al menos seis grupos, entre ellos, el núcleo de desinformación y ataques al sistema electoral; el núcleo responsable por incitar a militares a adherir al golpe de Estado; un núcleo jurídico; un núcleo operacional de acciones golpistas; un núcleo de inteligencia paralela; y un núcleo operativo para el cumplimiento de medidas coercitivas.
