El Presidente eliminó de un plumazo la facultad de la Unidad de Información Financiera (UIF) de actuar como querellante en causas penales. Lo que debería ser un escándalo institucional, es presentado como una “reforma técnica”. Pero el mensaje es brutal y claro: el poder se protege a sí mismo.
Detrás del disfraz jurídico, lo que hay es una decisión política de favorecer a los corruptos. A los de antes, a los de ahora y —por qué no— a los de mañana. Porque cuando el Estado renuncia a perseguir delitos complejos, el resultado es uno solo: más poder para los delincuentes de guante blanco, y más indefensión para los ciudadanos de a pie.
Para justificar esta maniobra, el gobierno se escuda en el GAFI, el organismo internacional que evalúa las políticas antilavado. Mienten sin pudor. El GAFI jamás exigió que la UIF dejara de querellar. Apenas sugirió revisar el mecanismo o garantizar su imparcialidad. El gobierno tomó esa frase, la manipuló, la usó de excusa y ejecutó su verdadera intención: cortar el hilo por donde pasa la electricidad judicial.
Y si faltaba una prueba de que todo esto es un operativo encubridor, basta mirar los despidos en la UIF. Fueron barridos funcionarios que se animaron a impulsar querellas en causas incómodas para el poder. El vicepresidente, Manuel Tessio, voló después de avanzar contra Martín Insaurralde. El presidente, Ignacio Yacobucci, fue eyectado tras empujar investigaciones contra Cristina Kirchner. ¿Quién los reemplazó? Soldaditos obedientes, sin trayectoria técnica, pero con línea directa al despacho de Santiago Caputo y al WhatsApp de un magnate mediático en Miami.
Esto no es una reestructuración. Es una intervención. Un vaciamiento quirúrgico. Se le recorta presupuesto a la UIF, se la ahoga, se la vacía de técnicos, se la aísla. Y ahora se le saca la voz. La convierten en un buzón sin poder, decorativo, inútil. Un organismo que ya no molesta. Justo cuando debería ser más incisivo que nunca.
Porque los juicios por corrupción más importantes de los últimos veinte años están por comenzar. Cuadernos, Ciccone, Hotesur, La Ruta del Dinero K. Causas que no llegaron hasta acá por generación espontánea, sino por el trabajo de fiscales, jueces… y sí, también por la intervención de la UIF como querellante. Quitarle esa función ahora es como desarmar a un bombero antes de mandarlo al incendio.
Y mientras tanto, el ministro de Justicia se esconde detrás de la peor excusa: “todos los gobiernos usaron la UIF políticamente”. Una línea más de esa liturgia vacía que pretende justificar el desastre diciendo que antes también era un desastre. O sea, como los otros choreaban, nosotros también podemos soltarle la mano a la Justicia.
No se trata de moralinas. Se trata de hechos. Lo que se está desmantelando es una herramienta legal, eficaz y legítima para perseguir delitos financieros. ¿Por qué? Porque funcionaba. Porque molestaba. Porque tocaba intereses demasiado altos. Porque, por una vez, la Justicia se les estaba acercando. Y eso no lo iban a permitir.
Este gobierno, que llegó prometiendo terminar con la casta, acaba de regalarle un blindaje judicial a los peores exponentes de esa casta. En nombre de la transparencia, consolidan la impunidad. En nombre del cambio, restauran lo peor del sistema. Le entregan el país a los corruptos, pero con moño liberal y cita de Ayn Rand.
Que no te vendan gato por liebre: esto no es institucionalismo, es un saqueo con base jurídica. Y tiene nombre: impunidad garantizada desde el Poder Ejecutivo.
