Aunque sin una definición todavía, el Gobierno tiene en análisis una reducción de las retenciones al sector pesquero, según pudo saber este medio de distintas fuentes. En la actividad hay preocupación porque se quedó afuera de las diversas bajas de derechos de exportación (DEX) implementadas en el último tiempo. Las empresas tributan un 7% para la merluza y 9% para el langostino. Según estimaciones del sector, estos gravámenes representan menos del 1,5% de la recaudación total por retenciones.
Fuentes oficiales consultadas por LA NACION señalaron que, si bien la rebaja de las retenciones a la pesca no está definida, se encuentra en análisis y su implementación dependerá del equilibrio fiscal. En tanto, en la Secretaría de Agricultura respondieron tajantes ante una consulta: “No se toca nada”.
Desde hace meses, los pesqueros vienen alertando sobre el estado crítico de la actividad. En el último informe sectorial, donde realizan una radiografía completa de la actividad, señalaron que la rentabilidad se ubica en “terreno negativo”. Según indicaron, las plantas procesadoras operan a pérdida, independientemente del producto o la zona geográfica. La crisis se profundizó aún más en el último tiempo por un conflicto salarial entre las cámaras empresarias y el Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU), que finalmente se destrabó este viernes tras meses de negociaciones.
Ahora, las cámaras empresarias esperan avanzar con el reclamo de reducción de retenciones: consideran que el costo fiscal de la medida es ínfimo. Advirtieron, además, que el esquema actual evidencia un deterioro respecto de años anteriores. “A comienzos de 2016, la administración de Mauricio Macri llevó la alícuota al 0%. En septiembre de 2018 las reintrodujo, a razón de $1 por dólar, promediando un 2,3% hasta noviembre de 2019. Luego, durante el mandato de Alberto Fernández se fijaron en 7% para la merluza y 9% para el langostino, porcentajes que se mantienen vigentes hasta hoy. Cabe aclarar que estos son los máximos por especie; luego, dependiendo del subproducto, la alícuota varía”, explicaron.
En efecto, los productos pesqueros se gravan según el valor agregado: si se exportan frescos, enteros, pelados o cortados. Las retenciones aplicadas oscilan entre el 3%, 5%, 7% y 9%, de acuerdo con el tipo de producto y su presentación.
El sector recordó que fue excluido de la eliminación de retenciones para economías regionales anunciada por el Ministerio de Economía el pasado 27 de enero de 2025, y que no lograron su incorporación posterior pese a los reiterados reclamos. “La eliminación de las retenciones tendría un impacto mínimo en los precios internos. Si bien es probable que aumenten [los precios], el consumo local de productos pesqueros es sumamente bajo (4,8 kg por habitante al año, frente a 20,2 kg a nivel mundial)”, indicaron.
Además, aseguraron que este esquema fiscal se combina con una elevada carga tributaria provincial, en particular el impuesto a los Ingresos Brutos. Y a eso se suma el régimen de adelantos impositivos, como el impuesto a las ganancias por exportaciones (GAEX) que inmoviliza recursos clave para las empresas, mientras que los reintegros a la exportación son bajos y se recuperan con demoras. Este conjunto de factores, señalaron en el informe, no sólo restringe la competitividad, sino que profundiza los márgenes negativos y compromete la viabilidad económica del sector.
Entre los pedidos concretos, reclaman también la eliminación o reducción de los pagos por habilitaciones para la verificación de cargas, así como del pago anticipado del impuesto al GAEX. “Este pago, que se exige cuando se factura a un país distinto del destino final de la mercadería, si bien se imputa a cuenta, implica una inmovilización de recursos cuyo recupero puede demorarse considerablemente”, afirmaron.
Por último, los empresarios solicitaron la creación de una Cuenta Única Fiscal, donde se centralicen los créditos y débitos vinculados con el sistema ARCA, para evitar la acumulación permanente de saldos a favor de las empresas. Estos, según alertaron, se vuelven irrecuperables o tardan demasiado en ser devueltos, elevando así el costo financiero de toda la actividad.
Por otra parte, la Cámara Argentino Patagónica de Industrias Pesqueras (CAPIP), la Cámara de Armadores Pesqueros Congeladores de la República Argentina (Capeca) y el Consejo de Empresas Pesqueras Argentinas (CEPA) informaron que, tras intensas gestiones con la Secretaría de Trabajo de la Nación, se firmó hoy un acuerdo con el SOMU, que junto a los ya alcanzados con Siconara, Capitanes y SUPA permiten retomar la actividad y darle previsibilidad a toda la cadena productiva.
