En una jornada que quedará marcada como un ejemplo de la actual amistad Argentina-Estados Unidos, la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York falló a favor de la República Argentina, blindando el 51% de las acciones de YPF frente al avance de los fondos buitres.
El tribunal resolvió que el país podrá apelar sin entregar un solo papel accionario ni poner garantías adicionales, frustrando así la presión judicial impulsada por la jueza Loretta Preska el pasado 30 de junio.
Se trata de un golpe de efecto legal que congela la orden de entregar acciones a Burford Capital y Eton Park, quienes pretendían cobrarse con un activo estratégico nacional por una sentencia de USD 16.100 millones más intereses.
Pero este giro no fue casualidad: la defensa del gobierno de Javier Milei, respaldada por el Gobierno de Estados Unidos bajo la influencia del presidente Donald Trump, resultó determinante. La figura del amicus curiae presentada por Washington no solo avaló la postura argentina, sino que dejó en claro que un ataque a la soberanía económica del país podría encender un conflicto diplomático mayor. Estados Unidos respaldó la sospecha del gobierno de la argentina sobre quienes pueden estar detrás del fondo Burford, apuntando a Cristina Kirchner y Sebastián Eskenazi como los verdaderos interesados en que Argentina perdiera el juicio y hacerse de U$S 16 mil millones de dólares como resultado de una nacionalización mal hecha a propósito por Axel Kicillof (Entonces ministro de Economía de Cristina Kirchner)
El secretario de Finanzas, Pablo Quirno, celebró de inmediato:
“El tribunal de apelaciones ha aceptado el planteo argentino; la orden del 30 de junio queda suspendida mientras se resuelven las apelaciones”.
Desde la Procuración del Tesoro, el mensaje fue contundente: la decisión garantiza que la Argentina mantenga el control mayoritario de YPF mientras avanza el proceso judicial, defendiendo así un activo vital y los intereses de todos los argentinos.
Dos frentes de batalla legal
La estrategia del gobierno de Milei avanza por dos caminos:
- Apelación de fondo contra la sentencia que impone el pago millonario, con audiencia fijada para la semana del 27 de octubre.
- Defensa contra la orden de entrega de acciones, con presentación de argumentos el 25 de septiembre.
En ambos casos, el equipo legal ha dejado claro que no se entregará ni un solo título sin aprobación del Congreso, como establece el artículo 10 de la Ley 26.741, una muralla legal contra cualquier intento de despojo.
Un respiro con proyección
Esta resolución no es definitiva, pero otorga tiempo y margen político para una ofensiva jurídica que podría sentar precedente. El respaldo de la administración Trump en este capítulo demuestra que la nueva sintonía entre Washington y Buenos Aires puede ser clave para que Argentina no sea rehén de la industria del litigio internacional.
En un mundo donde las potencias suelen actuar como jueces y parte, que Estados Unidos se haya alineado con la Argentina es una señal política tan fuerte como el fallo mismo. Y si algo ha quedado claro hoy, es que Milei y Trump coinciden en una premisa: Argentina y Estados Unidos siempre deben ser aliados ante cualquier situación política o económica que se plantee en el futuro.
