El Gobierno denunció graves irregularidades y gastos por $ 235 millones en sueldos en la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual, un organismo que estuvo a cargo de Miriam Lewin hasta junio de este año y que la periodista designó a su sucesora mediante una resolución interna pese a que la titular del organismo tiene que ser nombrada por una resolución del Congreso.
Así surge de un informe que fue presentado conjuntamente con una resolución firmada por la vicepresidenta Victoria Villarruel y el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, que establece la intervención de la Defensoría del Público y designa en el cargo a la ex diputada del PRO Soher El Zukaria.
La medida fue adoptada a partir de un pedido nota presentada por los diputados del PRO Cristian Ritondo, Silvana Giudici, Hernán Lombardi y Sabrina Ajmechet, en la que se solicitaban la intervención del organismo por presuntas irregularidades.
El organismo tiene un total de 133 cargos, que se distribuyen por área, incluidas 10 autoridades a cargo de las diferentes direcciones y jefaturas de áreas, según precisa la resolución 39 de 2023 publicada por el organismo. De acuerdo a la información oficial, se gastan $ 235 millones solo en sueldos de 133 empleados, que en su mayoría fueron promovidos a planta permanente con las categorías más altas.
Vicepresidenta Victoria Villarruel. Foto: Maxi Failla.Pero esa no es la única irregularidad que revela el informe presentado a las autoridades del Congreso. También se supo que Miriam Lewin, antes de que finalizara su mandato el 25 de junio de este año, firmó una resolución que elevó al nivel de secretaria a quien se desempeñaba como directora de Administración.
Se trata de María Celeste Conde, quien tiene un estrecho vínculo con el ex titular de la AFSCA (Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual), Martín Sabbatella, quien actualmente integra el gobierno de Axel Kicillof como presidente del Comité de Cuenca del Río Reconquista (COMIREC).
Lo cierto es que el proceso de asunción de Conde fue caratulado como de «dudosa legalidad». Es que en realidad, la titular de la Defensoría del Público debe ser designada por resolución conjunta de ambas cámaras del Congreso a propuesta de la comisión bicameral de Promoción y Seguimiento de la Comunicación Audiovisual, las Tecnologías de las Telecomunicaciones y la Digitalización.
Previamente, se tiene que publicar el nombre y los antecedentes del candidato para habilitar un período en el cual los ciudadanos puedan presentar observaciones e impugnaciones. Vale aclarar, que según consta en el informe, Conde envió una nota a la bicameral del Congreso informando el estado administrativo del organismo. Pero como la comisión no estaba constituida continuó al frente de la defensoría.
Sin embargo, la tarea de la Defensoría del Público fue calificada como «muy escasa» y encima se determinó que los movimientos y la ejecución del gasto entre enero y junio de este año fue de $1.300 millones aproximadamente. Las principales compras y contrataciones incluyen la locación de dos edificios, la contratación de servicios de limpieza, de vigilancia y de mantenimiento de asesores, como así también de monitoreo de medios.
Bajo la lupa
A eso se suma la prórroga de un convenio con el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), y la compra de insumos de oficina. El informe también pone la lupa en el hecho de que la mayoría de estas contrataciones se hicieron por contratación directa, con la excepción de las licitaciones públicas de los servicios de limpieza y vigilancia, las cuales se acordaron en $ 23 millones y $ 43 millones, respectivamente
En los fundamentos de la resolución que establece la intervención por 180 días, el Gobierno también carga contra la creación del Observatorio de la desinformación y la violencia simbólica en medios y plataformas digitales (NODIO), que se puso en marcha en octubre de 2020. Según apuntaron ese organismo «habría generado un incremento en la contratación de personal, gastos operativos, financiamiento de manuales y publicaciones».
Además, remarcan que el observatorio fue utilizado para «la estigmatización y persecución de periodistas, ciudadanos o cualquiera que tuviera una posición distinta» a la del gobierno kirchnerista.
Por eso, la auditoría no sólo estará centralizada en los bienes y el personal que tiene el organismo sino también en «evaluar el desempeño de la gestión anterior».
