Pleé también reclamó la intervención de la Corte Suprema de la Nación y solicitó un fallo plenario que impida estos beneficios.
El debate se disparó a fines de enero cuando, por dos votos contra uno, la Cámara Federal de Casación Penal declaró inconstitucional artículos de la ley 24.660 -una norma que impedía la libertad condicional para delitos graves como homicidios agravados, narcotráfico, terrorismo, trata de personas y secuestro seguido de muerte-, en momentos en que el Gobierno de Javier Milei de la mano de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, busca el endurecimiento de la ejecución de las penas de este tipo de delitos.
La Ley 24.660, también conocida como la Ley de Ejecución de la Pena Privativa de Libertad y sus modificaciones de 2017, establece los criterios y procedimientos para la aplicación de medidas alternativas a la prisión y fue flexibilizada con la decisión de la Cámara de Casación de la semana pasada.
Las modificaciones a la ley original habían sido introducidas durante el gobierno de Mauricio Macri, y buscaban evitar los beneficios para condenados que les permitían salir antes del fin de su sentencia a través de medidas como la libertad condicional.
Ahora el fiscal Pleé solicitó convocar a un pleno de la Cámara de Casación para unificar la jurisprudencia y reestablecer la constitucionalidad de los artículos cuestionados. Esos fallos son de cumplimiento obligatorio para todos los jueces de la Cámara.
Según Pleé, la reforma legal que priva de la libertad condicional a los condenados por determinados delitos graves “no viola los principios constitucionales, ya que establece un régimen de progresividad específico para delitos graves como el tráfico de estupefacientes”
“La diferenciación en el trato de los condenados por estos delitos es razonable y está justificada por la gravedad de los mismos”, argumentó el fiscal.
La causa que disparó la polémica involucra a Carlos Hernán Beati, quien junto a otras seis personas integraba una banda que supuestamente operaba una remisería pero en realidad repartía estupefacientes casa por casa en el municipio de Moreno.
Por este delito, el Tribunal Oral Federal número 3 de San Martín condenó a Beati a seis años de prisión. Pero su defensa presentó un recurso para que se declaren inconstitucionales las modificaciones de la ley 27.375, que excluía del beneficio de libertad condicional a (entre otros) los que cultivaran marihuana y comercializaran estupefacientes, como hacía Beati.
El TOF 3 de San Martín rechazó el reclamo y le negó la libertad condicional a Beati, pero su defensa apeló, Casación anuló el fallo del TOF y declaró inconstitucional los artículos cuestionados. Ahora el tema llega a la Corte.
