Finalmente, la Cámara Federal de Bahía Blanca apartó al juez federal Walter López da Silva de la causa en que se investiga al clan empresario que lidera Gustavo Elías porque existe una “duda razonable” sobre su imparcialidad debido a que tardó 13 meses en resolver un pedido de allanamiento del fiscal. Así el caso pasará a otro magistrado de Bahía Blanca.
“Si existía alguna posibilidad de éxito en tales diligencias, luego de haber demorado más de un año en su providencia, al haberle dado publicidad, a pesar del secreto de sumario peticionado por el Señor Fiscal, la misma se torna prácticamente nula. Frustrando, en todo o en parte, cualquier posibilidad de corroborar los extremos señalados en el dictamen fiscal aludido”, escribió un juez de ese tribunal de alzada en un fallo de 17 páginas al que accedió Clarín.
Luego, el camarista Roberto Amabile, agregó que «es que, la imparcialidad objetiva que debe regir la actuación de un magistrado durante todo el proceso se encuentra íntimamente vinculada con que el mismo muestre garantías suficientes tendientes a evitar cualquier duda razonable que pueda conducir a presumir su parcialidad frente al caso».
«Si de alguna manera puede presumirse por razones legítimas que el juez genere dudas acerca de su imparcialidad sobre el tema a decidir, debe ser apartado de su tratamiento para preservar la confianza en la administración de justicia, que constituye un pilar fundamental del sistema democrático», subrayó como juez único para resolver un problema de competencia.
A fin del mes pasado, el juez en lo penal económico Marcelo Aguinsky remitió a su colega de Bahía Blanca, Walter López Da Silva, la causa en que se investiga al llamado grupo económico Elías de Bahía Blanca, con vínculos con el sindicalista Hugo Moyano, por supuestas maniobras de lavado de dinero y evasión impositiva de más de mil millones de pesos.
Ante una apelación de los imputados de ese grupo, Aguinsky pidió a su colega bahiense que remita la apelación a la Cámara Federal de Bahía Blanca para que decida, mientras que el fiscal porteño Jorge Dahl Rocha fue más allá y reclamó la causa vuelva al juez Da Silva.
Aguinsky reemplazaba al juez Rafael Caputo que se encontraba entonces de vacaciones.
Se trata de una causa abierta hace 9 años en base a una denuncia anónima ante la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (ProCELAc) pero el juez de Bahía Blanca después de seis meses de tener el pedido de indagatorias y allanamientos se declaró incompetente y mandó -un día antes de la feria- la causa al fuero penal económico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Pero antes de la feria judicial, la causa volvió a la justicia porteña sin que se haya dirimir todavía en que jurisdicción quedará.
El ex juez y abogado de Moyano, Daniel Llermanos, dijo a Clarín que el caso es “insanablemente nulo e ilegal” porque nació de una denuncia anónima y que debe archivarse. El grupo Elías maneja varios negocios del puerto de Bahía Blanca y es dueño del histórico diario de Bahía Blanca La Nueva y de la radio La Brújula.
Con el voto único del juez de ese tribunal, Roberto Amabile, el tribunal recordó que el 10 de mayo de 2023, el fiscal Gabriel González Da Silva planteó que el expediente debía remitirse a la justicia en lo penal económico de Buenos Aires, pero pidió que antes se ordenara una serie de medidas de prueba.
Recién trece meses después, el juez mandó la causa a la justicia porteña pero dejó las medidas de pruebas a la vista de la querella anulando así el impacto sorpresa de allanamientos y escuchas telefónicas.
