Mientras las críticas llueven desde todos los flancos políticos y se multiplican los amparos contra el decreto que nombró al juez Ariel Lijo y el académico Manuel García-Mansilla como ministros de la Corte Suprema de Justicia «en comisión», en lo más alto del poder judicial asumen lo evidente: «estamos pagando un costo reputacional enorme con todo esto».
«Todo esto» fue la súbita toma de juramento de García-Mansilla el jueves pasado -apenas horas después de la firma del decreto de Milei- y el anuncio de que esta semana se respondería al pedido de licencia de Lijo en su juzgado federal porteño, al que no quiere renunciar hasta que la silla en la Corte sea segura.
Esa especulación del juez, el desdén por la palabra empeñada en el Senado por parte del flamante ministro -quien afirmó que no integraría el máximo tribunal si lo designaran por decreto y no con acuerdo de los senadores- y la evidente burla a la buena fe por parte del gobierno con un decreto firmado durante la hendija temporal abierta entre las sesiones extraordinarias del Congreso y las ordinarias que iniciaron el sábado, mientras esos mismos candidatos no logran los votos desde marzo pasado, elevaron todas las miradas hacia el cuarto piso del palacio de Tribunales.
Allí ya estaban preparados: hace tres meses, la Corte encargó a la secretaría de Jurisprudencia del tribunal que rastree hasta el último papel firmado en el ámbito nacional y también en las provincias respecto del uso de la atribución constitucional del presidente -y de algunos gobernadores- para designar a jueces por decreto mientras el poder legislativo está de receso. «La evidencia es absoluta. Si el día que se firman las designaciones en comisión el Congreso no está funcionando, esos nombramientos son legales.»
La primera duda, entonces, estaba despejada. «Como me enseñó mi maestro, el constitucionalista Germán Bidart Campos: no todo lo que no te guste es inconstitucional«, recordaban en estos días el latiguillo que el titular de la Corte, Horacio Rosatti, repite una y otra vez.
Aquella investigación previa agilizó las cosas la semana pasada, y García-Mansilla se acercó a la calle Talcahuano media hora después de que en su teléfono le preguntaran «cuánto tardás en venirte al Palacio».
Pero el caso Lijo es distinto, y ese también es el mensaje que quería dejar la Corte. Según cuatro fuentes que trabajan en el máximo tribunal con distintos grados de responsabilidad, consultadas por Clarín, los ministros estudiarán el pedido de licencia del juez según los argumentos que él mismo expuso en la solicitud.
¿El futuro de Lijo se resolverá este jueves?
Y en ese sombrío bosque burocrático las ramas crecen y se cruzan con su propia lógica. Para empezar -coinciden las fuentes- la cuestión es un tema de «superintendencia», es decir de organización interna, no un caso de puro derecho o la revisión de garantías en un proceso. «En temas de superintendencia los antecedentes y prácticas son claros: los definen los ministros de la Corte -no conjueces-, todos los votos son simples –el presidente no vota dos veces si hay empate– y no hay plazos perentorios para definirse. Es más, ni siquiera es obligatorio que todos los ministros se manifiesten«.
Es decir que, por ejemplo, cualquiera de los ministros podría llegar a la reunión de Acuerdo del jueves con alguna de estas dos decisiones: «necesito más tiempo para analizar el caso» o el más inquietante «no voy a participar de esta discusión. Resuelvan ustedes». Ya no serían necesarios tres votos sobre cuatro, sino dos sobre tres si esto ocurriera. Otro mundo.
«La ansiedad no está acá», coinciden en dos despachos de la Corte. Nada dicen en los otros dos, pero cerca de la vocalía de Ricardo Lorenzetti recordaron que Lijo tiene en su juzgado una denuncia contra el ministro de la Corte Carlos Rosenkrantz, en una poco disimulada invitación a excusarse de votar sobre la llegada del juez al máximo tribunal. Lorenzetti también cree -en minoría- que si no se logran los votos necesarios para responderle a Lijo habría que citar a conjueces. No ocurrirá.
Pero despejados esos humos, permanece abierta la cuestión: ¿si no hay una coincidencia rápida -que no la habrá- es posible que la resolución se aplace? Sí.
Cerca de Lorenzetti también murmuraron otro motivo importante para atender a esta posibilidad. «Ariel sabe que lo de su licencia está muy discutido, y podría preferir a que sea el Senado el que lo vote, ahora que ya volvieron las sesiones». Ese deseo podría verse coronado o no, porque los senadores efectivamente se dispongan a tratar su pliego, o peor: porque lo hagan pero para voltearlo, no para aprobarlo.
Si eso sucediera y Lijo no hubiera jurado aún, su postulación iría al tacho de basura. Pero si la Corte aprobara su licencia y le tomara juramento, ¿qué ocurriría si el Senado luego rechaza los pliegos? Un océano de senderos y combinaciones posibles se abren ante esa posibilidad. Todas contemplan un grave choque de poderes. Y otro irremediable «costo reputacional» para las instituciones.