En los últimos días, asociaciones de abogados se pusieron en alerta por una decisión que analiza la Secretaría de Industria y Comercio de la Nación: ponerle fin al Servicio de Conciliación Previa en las Relaciones de Consumo (Coprec), que facilita la resolución accesible y ágil de conflictos para evitar que los reclamos lleguen a la instancia judicial.
“Ante la confirmación de la desarticulación del sistema de Conciliación de Coprec, por vía de desvíos de casos y/o derogación de la ley 26.993, la Unión de Mediadores Prejudiciales (UMP) manifiesta que llevará a cabo todas las acciones tanto en el ámbito administrativo como así también judicial, que pudieren corresponder, tendientes a defender la fuente de ingresos profesionales de los abogados, mediadores y conciliadores”, dijo la UMP en un comunicado. “En tal sentido, se realizaron y continuarán urgentes conversaciones con autoridades del Consejo de la Magistratura de la Ciudad, el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, la Secretaría de Comercio de la Nación y la Dirección Nacional de Mediación y Métodos Participativos de Resolución de Conflictos, a fin de salvaguardar la fuente de ingresos y garantizar el acceso a la justicia de los consumidores”, agregó.
En 2014, y en conjunto con la entrada en vigencia del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, se sancionó la Ley 26.993, que creó el Coprec. No tuvo mucha repercusión hasta que se lo dotó de los mismos efectos que la mediación, es decir, que habilita la instancia judicial.
“Con el Covid-19, las audiencias presenciales se transformaron en virtuales y hoy todo el procedimiento es virtual. El consumidor se mete en una plataforma online, hace su reclamo, identifica por CUIT a la empresa a la que le está haciendo el reclamo, marca el reclamo y fija la fecha de audiencia. Del otro lado, a la compañía le llega un detalle del reclamo, revisa los antecedentes y muchas veces antes de la audiencia ya da solución. Es decir, que en menos de un mes a más tardar se soluciona el reclamo y los clientes están satisfechos”, explicó un abogado de una empresa de consumo masivo.
Según la misma fuente, el hecho de que habilite la instancia judicial y de que las compañías se hayan acostumbrado a esta plataforma hizo que el Coprec represente en algunos rubros el 90% de la canalización de los reclamos, mientras que el 10% restante se reparte entre mediaciones y actuaciones en oficinas locales de Defensa del Consumidor.
Por su parte, Osvaldo Riopedre, abogado de la Asociación de Defensa de los Consumidores y Usuarios de la Argentina (Adecua), dijo que las provincias, sobre todo la de Buenos Aires, tiene en los municipios las Oficinas Municipales de Información al Consumidor (OMIC), que tienen dificultades. “No sé si están dispuestas a llevar adelante ese organismo. Sacar el Coprec es sacarle al consumidor una herramienta que resuelve muchos casos”, agregó.
Consultadas por LA NACION, fuentes de la Secretaria de Industria y Comercio casi que confirmaron el cierre, porque dijeron que “el Coprec tiene 20% de efectividad” y que la Subsecretaría de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial “está evaluando diversas posibilidades para mejorar el acceso a los sistemas de reclamos en todo el país”.
