Para entender la importancia del cepo cambiario, podemos decir apresuradamente que se trata de un mecanismo por el cual el Gobierno interviene en la liquidación de divisas en los negocios con el exterior, liquidando en pesos a los exportadores a un valor menor a los precios de las divisas en los mercados libres, con una intención principalmente recaudadora, y vendiendo a los importadores a un precio también menor al real, para no afectar el nivel general de precios internos. Además, no permite la compra libre de monedas extranjeras a empresas y particulares.
Todos estos mecanismos tienen vida corta, porque vimos en nuestra historia que, más a mediano que a largo plazo, los precios se sinceran, haciendo enormes daños a la economía en general.
Estos procedimientos estorban, impiden una mayor exportación. Y los desincentivos a la exportación reducen el ingreso de divisas, tan importantes para afrontar las obligaciones con el exterior y el pago de deudas en monedas extranjeras. Además, no se cuenta con divisas suficientes para acceder a los insumos importados y desarrollar así nuestra propia industrialización.
Así, deterioramos la producción nacional, acarreando cierres de empresas, pérdidas de empleos, menores salarios, más pobreza y deterioro social. En este retroceso, tiene mucho que ver el incremento de gastos innecesarios del Estado, en gran parte responsables de nuestros problemas, porque para cubrirlos se montó un sistema irracional de presión impositiva. Es necesario que concienticemos que, en promedio, más del 50% de los precios de los bienes y servicios corresponde a impuestos.
Nuestro sistema impositivo, es malo, regresivo e injusto. Deberíamos hacer una revisión total y volverlo eficiente y equitativo. Y hacer que cumpla el objetivo de incentivar la producción, de provocar una mayor oferta de bienes y servicios.
Para poner un ejemplo, veamos las famosas “retenciones”. Es totalmente inapropiada esa denominación, pues nada se retiene porque, de ser así, en algún momento debería haber devolución, cosa que no sucede. Se trata de un impuesto a los ingresos brutos del sector productivo agrícola. En ninguna parte del mundo existe eso tal como existe en nuestro país y, además, se exceden los límites permitidos por nuestra Constitución Nacional.
No nos preocupemos porque el campo tenga beneficios, porque estos vuelven a la sociedad potenciados. Vuelven en una mayor producción, en el aporte de ingresos de divisas a las reservas y en un mayor consumo, que reactiva la actividad, el empleo y la recaudación. La crisis de 2001/2002 fue atemperada por la demanda del campo. No existían las retenciones y el precio de los commodities eran altos.
¡Hasta dónde han llegado las consecuencias de tener gastos públicos innecesarios y exagerados, que para disminuirlos se ha tenido que optar por pagar jubilaciones más bajas y suspender obra pública!
Habría que ahondar aún más en desenmascarar todos los gastos innecesarios y corruptos, para nivelar las cuentas públicas y responsabilizar a quienes corresponda.
Debería el sistema tributario respaldarse en la única imposición que tiene cordura y justicia, que es el impuesto a las ganancias, porque paga más quien más gana, que es quien en mayor medida se beneficia con los servicios que un Estado debe dar a los ciudadanos, los que los particulares no pueden prestar.
Hay superposición de imposiciones y eso desalienta la inversión, única responsable del empleo y la producción. Ya hemos visto un ejemplo de injusticia tributaria, en las retenciones. En ese caso coexiste el impuesto a las ganancias. Y si hablamos de justicia tributaria, esta carga, en la actividad agropecuaria –especialmente afectada por fenómenos climáticos, pestes, incidentes geopolíticos o circunstancias de mercado– se paga cuando hay ganancias y no hay compensación cuando ocurren pérdidas. Debería oblarse en función a un promedio quinquenal, por ejemplo.
Otra gran injusticia tributaria es el impuesto a los Bienes Personales. Para adquirir cualquiera de los bienes gravados, muebles o inmuebles, el comprador ya había pagado el impuesto a las ganancias, al generar los fondos para adquirirlos.
Debería haber en nuestro país una limpieza de gastos improductivos y/o corruptos, un achicamiento del Estado para dejarlo en niveles óptimos, y un sistema laboral e impositivo que aliente la inversión y, por ende, la mayor producción, liberando las fuerzas del mercado, que son las aptas para producir la más equitativa distribución del ingreso, en función al trabajo, la eficiencia y al mérito.