La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, tomó la decisión de mudarse a una residencia militar por amenazas de seguridad, informó el New York Times. Si bien el personal solicitó que no se publicara la ubicación específica, los datos apuntan a que se trasladó tras ser intimidada por su participación en el arresto de Nicolás Maduro y su investigación en el caso de Jeffrey Epstein.
Como figura importante en el gobierno del presidente Donald Trump, Bondi es quien lleva adelante las modificaciones en el Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés). En este rol, también tuvo una participación importante en la imposición de cargos a Maduro y la revelación de los documentos judiciales en el caso Epstein, los cuales se han publicado poco más de la mitad.
El informe publicado por el prestigioso medio estadounidense reveló que la fiscal general debió trasladarse recientemente a una residencia militar por su activo papel en la investigación de estos casos.
El principal motivo detrás de esta acción corresponde a las amenazas que presuntamente recibió por parte de carteles de narcotraficantes, principalmente tras la captura y el procesamiento del presidente de Venezuela.
A su vez, los investigadores indicaron que la decisión de la mudanza también se vio impulsada por las críticas a su manejo del caso Epstein, quien es calificado por el gobierno norteamericano como delincuente sexual convicto.
Si bien Bondi es la funcionaria del gobierno que más recientemente se mudó a un cuartel fuertemente vigilado en instalaciones militares de Washington o sus alrededores, entre otros importantes miembros que fueron trasladados, se distinguen:
Durante toda su campaña, Trump prometió revelar los archivos del caso Epstein, pese a que muchas hipótesis aseguraban que era un amigo cercano del acusado. Bajo esta premisa, el DOJ de Bondi:
No obstante, Bondi fue criticada ampliamente por su manejo del caso. Los miembros demócratas del Comité Judicial de la Cámara de Representantes afirman que el conjunto completo abarca más de 6 millones de páginas, por lo que exhortaron al DOJ a que publique todos los archivos, informó CBS News.
En el caso de Maduro, su participación también fue clave. El DOJ le impuso cargos por narco-terrorismo, conspiración para importar cocaína, uso de armas de guerra y conspiración con las FARC. Si bien los cargos se remontan al 2020, Bondi defendió esta acción y aumentó la recompensa por el exmandatario venezolano a 50 millones de dólares, la más alta ofrecida por EE.UU. contra un jefe de Estado.
El incremento de la recompensa y la decisión de mantener los cargos contra el expresidente venezolano llevaron a su detención el 3 de enero, fecha desde la que permanece bajo custodia de las autoridades estadounidenses.
Si bien es numeroso el grupo de funcionarios que debió trasladarse de su hogar hacia la residencia militar bajo la administración Trump, no es la primera vez que se da en la historia de EE.UU.. El informe cita ejemplos del pasado como los de:
La investigación indica que no está claro cuánto pagan los funcionarios por estas propiedades históricas, aunque una portavoz de Noem afirmó que ella abonaba un “alquiler a precio de mercado”.
Al margen de los políticos nombrados, los expertos sostienen que es la primera vez en la historia de EE.UU. que una administración utiliza de forma generalizada las viviendas militares financiadas por los contribuyentes para alojar a funcionarios políticos que no tienen una conexión directa con el ejército.
