En el glorioso mundo del Congreso argentino, donde muchos guardan la ética en el freezer al lado del tupper de ravioles, un nuevo héroe cayó en el campo de batalla: el diputado Espert descubrió que no se puede hablar de inflación mientras te financia un narco.
El hombre había llegado a la presidencia de la Comisión de Presupuesto, es decir, el tipo que decide cuánta plata no hay. Pero un día, ¡zas!, aparece la noticia: “presunto vínculo con empresarios ligados al narcotráfico”.
En Argentina, la palabra presunto es como el perejil: se la tirás a cualquier escándalo para disimular el olor.
Obviamente, sus colegas del Congreso, todos santos canonizables, salieron a condenarlo con la indignación típica del que guarda esqueletos en un ropero con puerta vaivén.
—¡Qué vergüenza! —dijeron—.
Y al mismo tiempo, revisaban si la Justicia los había etiquetado en alguna causa de corrupción.
La Cámara de Diputados, ese templo de moralidad, tiene más imputados que un padrón de Don Corleone. Allí se vota con la mano derecha y se jura con la izquierda… mientras la otra busca señal para llamar al abogado.
Pero no seamos duros: cada escándalo trae una enseñanza. Esta vez aprendimos que en la política argentina la decencia es como la obra pública: se promete, se anuncia, se inaugura tres veces… y después se pierde la licitación y la verguenza.
Mientras tanto, los discursos siguen. Todos hablan de “la gente”, ese ser mitológico que vive lejos de los viáticos y de las camionetas oficiales. Y cada vez que uno de estos diputados dice “yo trabajo por la transparencia”, el vidrio más cercano se empaña de la vergüenza. El Congreso argentino es como el concurso de los 8 escalones, donde los concursantes no son eliminados por las respuestas, sino por procesamientos judiciales.
Y el premio mayor no es el millón de dólares: es la reelección con fueros incluidos y viaje a Comodoro Py de cortesía. ¡I DICHO!
