Dos días después de la declaración testimonial de Daniel Rodríguez, ex intendente de la quinta presidencial de Olivos, la abogada de Alberto Fernández –Silvina Carreira– presentó un escrito ante el fiscal federal, Ramiro González, para proponer su propia lista de testigos.
La primera persona sugerida con identidad reserva «para evitar filtraciones» integra un extenso listado. Asimismo, la defensa expuso: «No puedo dejar de destacar que los testimonios de personal de la Quinta de Olivos deben tener recaudos especiales dado que su exposición pública podría comprometer la seguridad nacional».
En el marco de la causa que inició por la denuncia de Fabiola Yañez contra el ex presidente, por presuntos hechos vinculados a la violencia de género, Daniel Rodríguez, en su rol de administrador de la quinta de Olivos, dio un pormenorizado detalle ante la fiscalía, respecto al funcionamiento del predio de 28 hectáreas.
Su relato que duró más de cuatro horas, detalló el personal que trabaja en el lugar, cómo se distribuye el mismo en función de las dependencias: el chalet, la casa de huéspedes y otros espacios. Asimismo, indicó el persona que asistía a la entonces primera dama de forma permanente.
Entre los detalles brindados contó sobre una de las ama de llaves que vio en más de una ocasión, caerse a Fabiola Yañez en el baño y advirtió de la situación a Rodríguez solicitándole que hable con Alberto Fernández.
Acto seguido, confeccionando su propio listado propio de testigos, la abogada Carreiro sugirió que se llame «a la brevedad» al denominado «TESTIGO A», y explicó que se debe «resguardar la identidad del mismo» y se solicitó a la fiscalía que «tome todos los recaudos pertinentes para evitar filtraciones a la prensa y resguardar la identidad del testigo propuesto».
El testigo sugerido realizó un testimonio ante escribano público que fue incorporado a la causa en sobre cerrado y ahora la defensa del ex presidente, solicita que sea citado a declarar en sede judicial.
De esta manera, Alberto Fernández mueve sus primeras piezas en el marco de la causa en la que está imputado por lesiones leves y graves, agravado doblemente por el vínculo, más el abuso de poder y de autoridad, junto a las amenazas coactivas.
Ante el objeto procesal definido, que incluye nueve hechos atribuidos al ex jefe de Estado, la defensa delinea su propia estrategia de cara a lo que será un llamado a indagatoria.
En esta etapa en la que se están escuchando a distintos testigos, algunos que se desprenden del relato de Fabiola Yañez, y otros pedidos directamente por el Ministerio Público Fiscal, fuentes allegadas a la defensa de Fernández, indicaron a Clarín que serán varios los testimonios que se requerirán, «muchos son resultado de un trabajo de procesamiento de la información que se fue cruzando con otras fuentes, inclusive fuentes abiertas y luego se irán presentando».
La primera sugerencia, podría tratarse de personal de la quinta de Olivos donde Alberto Fernández vivió desde 2019 a diciembre de 2023 y donde -según el orden cronológico de los hechos que le atribuyó el fiscal González-, ocurrieron varios de los sucesos de violencia bajo investigación.