El ex jefe de la AFIP durante la gestión de Cambiemos, Alberto Abad, sostuvo que durante su misión al frente de la agencia de recaudación no hubo persecución ni protección a empresarios kirchneristas.
Abad sostuvo que no hubo protección y que las medidas que se tomaron en el organismo cuando él llegó a dirigirlo fueron para evitar filtraciones y el uso político de la información fiscal. «Cómo pueden decir que protegimos, cualquiera que vea como terminaron las investigaciones de la AFIP sobre algunos de los personajes de esa lista sabe que es todo una mentira», sostuvo.
La AFIP en ese período fue querellante en muchas de las causas contra funcionarios y dirigentes kirchneristas y denunció el caso Oil Combustibles contra Cristóbal López que reveló que el empresario K no había pagado $ 8.000 millones del Impuesto al Combustible. Por ese expediente, López y su socio Fabián De Sousa terminaron presos.
Cuando Abad llegó al organismo había un «descontrol» producto de la gestión de Ricardo Echegaray. Gran parte de las bases de datos de información de la AFIP estaban infiltradas y se sacaba información que se vendía o filtraba y se usaba para presuntas «operaciones».
Según fuentes de la ex AFIP vinculados a Abad, las primeras medidas que se tomaron para terminar con el uso de información protegida fue hacer una auditoría interna para «evitar las filtraciones y el uso político de la información fiscal».
Así, se ordenó proteger toda la información sensible sobre un universo enorme de contribuyentes «para que quedara un registro» en el caso de que algún funcionario del Gobierno o agente de la AFIP accediera a los datos de alguna empresa, persona o sociedad. Así se verificaba si ese acceso estaba autorizado o justificado. Si no lo estaba se podía avanzar en un sumario interno.
Las justificaciones tenían que ser claras. O porque el agente estaba trabajando de manera autorizada sobre esas empresa o por una orden judicial.
El listado que tenía al AFIP y elaborado por el área de Auditoría durante su gestión era incluso más grande y abarcaba a “políticos, empresarios, periodistas, deportistas y artistas cuyos datos -que están protegidos como el de todos los ciudadanos por el secreto fiscal- podían resultar de interés para terceros ajenos al organismo que podían estar dispuestos a pagar por esos datos”.
Durante a gestión de Cambiemos, hubo denuncias de kirchneristas contra agentes de la AFIP por presunta persecución. El caso más conocido fue el que llevó adelante Cristóbal López y su socio en el Grupo Indalo, Fabián De Sousa, quienes denunciaron al propio Abad y a sus colaboradores. Todos fueron investigados por la jueza federal María Servini y luego fueron luego sobreseídos o les dictaron falta de mérito.
La información sobre la lista para presuntamente proteger a empresarios y dirigentes kirchneristas la filtró el Gobierno y fue revelada por Clarín. La difusión se dio en medio de la pelea política entre La Libertad Avanza y el PRO y luego de que se conoció que Andrés Vázquez, el jefe de la DGI, una semana después de asumir su cargo ascendió a su mujer dentro de la ex AFIP en un expediente que llevó solo su firma.
