Las pequeñas y medianas empresas siguen de cerca el veto presidencial a la nueva ley de jubilaciones. Al aprobarse un nuevo aumento por el Congreso, los legisladores buscaron financiar la suba de haberes con la eliminación de la exención del impuesto a las ganancias para los aportantes de los Fondos de Riesgo de las Sociedades de Garantía Recíproca (SGR). En caso de que el veto no consiga el apoyo suficiente y no se haga efectivo, desde el sector privado advierten que podría haber “un riesgo sistémico”.
En el Boletín Oficial, el Gobierno defendió el sistema de Sociedades de Garantía Recíproca. Explicó que al eliminarse la totalidad del esquema de incentivos impositivos no solo se “modifican sustancialmente” las condiciones de operación del sistema de garantías, sino que introduce un “cambio estructural” en el régimen de promoción del financiamiento de micro, pequeñas y medianas empresas.
“Cabe tener en cuenta que distintos grupos sociales y profesionales se han manifestado en contra de la eliminación de las exenciones impositivas referidas a los contratos de garantía recíproca, en tanto erosionan una importante fuente de financiamiento para estas empresas”, se mencionó en el Decreto 534/2025. Al mismo tiempo, se aclaró que el impacto recaudatorio de la medida es “neutro o incluso negativo”.
En concreto, estos fondos representan el respaldo crediticio que necesitan las pymes para poder acceder a financiamiento bancario y en el mercado de capitales. Se trata de un instrumento público-privado que vincula los aportantes del capital (llamados los socios protectores) con las pymes (que son los socios partícipes). Las empresas más grandes aportan capital a un Fondo de Riesgo a cambio de un incentivo clave: la posibilidad de deducir el 100% de esos aportes del Impuesto a las Ganancias, que el Congreso hace tres semanas eliminó.
Con esos fondos como respaldo, las Sociedades de Garantía Recíproca evalúan a las pymes y emiten avales para créditos bancarios, cheques de pago diferido y otros instrumentos del mercado de capitales. Si una pyme no puede cumplir con su pago, es el Fondo de Riesgo el que responde por la deuda. Sin embargo, si se elimina el incentivo fiscal, los analistas advierten que los socios protectores retirarían su capital y las SGR se verán forzadas a dejar emitir nuevos avales.
“Hay riesgo de que se rompa toda la cadena de pagos. Nosotros nos estamos ocupando mucho del tema, pero estamos muy preocupados. Cuando un sistema muere, es complejo después levantar el barrilete. Las SGR le prestan aval a más de 100.000 pymes, con la cantidad de créditos de los bancos como acreedores, con el mercado como acreedores, se está ante un riesgo sistémico muy complejo. Imaginate que el sistema tenga que dejar de funcionar de un día para el otro, por un artículo de dos renglones. Hay que desarmar un sistema donde hay US$3000 millones de avales. No se les va a poder renovar el aval, cuando las pymes siempre cuentan con esa renovación, porque está dentro de su diaria y de su flujo”, dijo Ignacio Moraco, directivo de Fintech SGR y vicepresidente segundo de la Cámara de Sociedades de Garantía Recíproca y Fondos de Garantía (CASFOG).
El mercado, los bancos y cámaras empresarias de todo el país se hicieron eco de la medida que tomó el Congreso. En un comunicado en conjunto que enviaron la Asociación de Bancos Argentinos (ADEBA), la Asociación de la Banca Especializada (ABE) y Asociación de Bancos de la Argentina (ABA), explicaron que la decisión legislativa “afectará directamente a la inversión, la generación de empleo y la competitividad de miles de empresas en todo el país”.
Un mensaje similar enviaron desde el Mercado Argentino de Valores, BYMA, A3, la Caja de Valores y las Bolsas de Comercio de las distintas provincias y ciudades del país, que aseveraron que la medida implica “un golpe directo” en uno de los instrumentos “más eficientes y federales” para el financiamiento tanto bancario como bursátil.
Actualmente, uno de cada tres créditos otorgados a mipymes en la Argentina cuenta con un aval de una Sociedad de Garantía Recíproca. Con más de 100.000 empresas que fueron asistidas por el sistema de SGR en los últimos años, desde el sector indican que tienen una capacidad de respaldo que permite movilizar el financiamiento por más de US$3400 millones.
“De esas 100.000 pymes, por encima del 70% de la cartera son micro y pequeñas empresas. Nosotros vamos a la heladería, a la carpintería, al comercio, a la pequeña pyme que necesita renovar una máquina o acceder a préstamos informales que son impagables, que su activo no repaga a ese pasivo. Le damos acceso al sistema financiero, avalamos operaciones a 60 meses para que puedan cambiar una máquina, comprar un camión. Es real, es palpable, no son solo números a los que uno accede”, enumeró Moraco.
Desde el sector cuentan que hubo “mucho desconocimiento” por parte de los legisladores. En las últimas tres semanas se acercaron a conversar con diputados y senadores, que mostraron cara de sorpresa ante lo que habían votado. “Creo que el desconocimiento y la confusión llevó a incluir este artículo. Las SGR no tenemos un beneficio impositivo, pagamos impuestos como cualquier sociedad. La desgravación de Ganancias es para los inversores de capital de riesgo, que ponen la plata en el fondo por 24 meses, con el riesgo de hacerse cargo de la mora de los avales”, explican.
Ahora, lo que juega es la política. El Congreso podría insistir con las leyes vetadas, lo que dependerá de la oposición y la posibilidad de reunir una mayoría de dos tercios de los legisladores presentes en Diputados para forzar la promulgación de la ley. En el Senado, aunque la iniciativa había tenido un amplio respaldo, el oficialismo cree que podrá tener el apoyo suficiente para que el veto presidencial se mantenga.
