A través del decreto 196/2025, el Gobierno finalmente llevó a cabo las modificaciones que venía anunciando hace un tiempo y que afectan al Código de Tránsito. Los cambios impactaron en el proceso de importación de vehículos, la obtención y renovación de la licencia de conducir, el funcionamiento de los peajes en todas las rutas nacionales, se creó un primer marco para que se tipifique la conducción autónoma y se modificó el trámite de la Verificación Técnica Vehicular (VTV).
Uno de los principales cambios en la VTV o RTO (Revisión Técnica Vehicular Obligatoria) es que a partir de ahora cualquier taller o concesionario con el equipamiento necesario certificado podrá convertirse en un centro verificador. Es decir, con la medida se le permite al sector privado entrar al sistema de verificación vehicular, con el objetivo desde el Gobierno de aumentar las alternativas disponibles para realizar la misma y que compitan entre sí.
Actualmente, son pocos los centros habilitados para hacer la inspección a raíz de “concesiones que no cambian hace más de 20 años”, como definieron fuentes del sector a este medio. La medida, entonces, busca ampliar el espectro de lugares permitidos y habilitar también a una verificación interjurisdiccional, donde el usuario pueda elegir cualquier centro habilitado del país para hacer la VTV.
El otro punto de vista que se abre a raíz de esto es el de negocio. Con el decreto firmado, interesados se empiezan a preguntar cuánto costaría equipar un centro para convertirse en taller verificador y, según le comentó a LA NACION el presidente del Control Vehicular Argentino S.A (CVA), Constantino Abella Roigt, la maquinaria que se necesita para realizar el proceso completo consiste en:
Además, es necesario contar con un ingeniero en planta que responda ante cada inspección y que integre una base de datos nacional donde se elevarán todas las inspecciones del país. La idea de la base integrada es para evitar irregularidades en los controles, garantizando un sistema único de revisión que mantenga los estándares actuales y los unifique sin importar la sede donde se inspeccione.
La compañía líder en este tipo de equipamiento es el CVA, cuyo presidente le explicó a este medio que antes de la medida gubernamental, la maquinaria completa para el control vehicular de vehículos livianos (hasta pickups y utilitarios pequeños) tenía un precio de entre US$50.000 Y US$60.000, pero que “con la cantidad de nuevos centros que van a estar interesados en abrir, la cantidad a producir va a ser distinta y se podría generar que con esta nueva escala se bajen costos, generando un precio de ente US$40.000 y US$50.000 en maquinarias para abrir un centro vehicular de la VTV”. Sobre la medida del Gobierno, Abella Roigt celebró que “finalmente se atomizó el negocio que tenía cautivo el Estado, un monopolio total”.
Cada maquinaria que se utiliza en el proceso de verificación, además de contar con un software que las interconecta a todas, debe tener un certificado donde un laboratorio acreditado establezca la aptitud técnica del equipo, una labor que en la Argentina la realiza el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI).
Cabe aclarar, sin embargo, que para que esto tenga un impacto real las jurisdicciones deberán adherir a la normativa nacional y, las que lo hagan, se convertirán en sedes de alcance nacional. Por ejemplo, si tanto la Ciudad de Buenos Aires como la de Córdoba adhieren, un vehículo radicado en territorio porteño podrá viajar a la capital cordobesa para hacer la inspección y viceversa. “Si tu jurisdicción no adhiere, sólo podrías tramitar la inspección allí”, aclararon desde el Gobierno.
El otro cambio central respecto a la revisión técnica se dio en la vigencia del trámite. A partir de ahora, la primera verificación particular se hará a los cinco años y una vez cumplido el décimo año de antigüedad, se hará cada dos. Aquellos vehículos que superen los diez años de antigüedad continuarán teniendo la obligación de realizarla anualmente. Plazos vigentes únicamente en las jurisdicciones adheridas.