En el contexto del Congreso de Semillas de las Américas que se realiza esta semana en Buenos Aires, volvió a estar en la mira la importancia de la protección de la propiedad intelectual y el intento fallido para que la Argentina adhiera al Acta de la Upov-91. En ese sentido, Yolanda Huerta, secretaria general adjunta de la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (Upov) explicó que están en conocimiento del intento del país de estar dentro del último convenio.
La Upov fue fundada en 1961 cuando se adoptó el tratado internacional que reconoce el derecho de los obtentores. Hoy tiene 79 países miembros. Dentro del convenio, hay dos organizaciones intergubernamentales: la Unión Europea (UE) y la Organización Africana de la Propiedad Intelectual (OAPI).
La Argentina es miembro y está vinculada por el acta de 1978. A través del proyecto de Ley Bases intentó adherirse al acta del 1991, pero fue rechazado. “Sí, recibí esa información, y cada vez que hay una iniciativa de cualquier país, nosotros respondemos a la solicitud para apoyar sus iniciativas. Es parte de nuestro trabajo: ofrecer servicios con información de las ventajas del acta de 1991, de las experiencias de otros miembros, y poner en contacto a las autoridades competentes con otras autoridades que han vivido procesos similares”, dijo Huerta, en conversación LA NACION.
El caso de la Argentina es similar al de muchos países que son miembros del grupo y que iniciaron la membresía, basándose al acta de 1978. Entre los países miembros que han adherido al acta de 1991 están, Estados Unidos, Australia, España o Suecia, que son importantes agronómicamente. Los beneficios que se ven en aquellos países que añaden las disposiciones del acta del 1991, afirmó, está la señal de garantía que este convenio brinda en que la legislación. La comunidad de obtentores, sean nacionales o internacionales, saben que van a tener cierto nivel de protección que está reconocido en esa acta.
Huerta contó que varias naciones de la región tienen interés de incorporar algunas de las disposiciones de la última acta, pero la idea siempre es hacerlo de una forma paulatina, según lo que consideran oportuno y necesario para crear incentivos de inversión en el país. “Sabemos que hay un deseo de incorporar disposiciones que puedan responder a las necesidades y aspiraciones del sector agrícola de la Argentina. Es un tema soberano de cada país decidir introducir elementos del acta más reciente, la de 1991″, dijo.
A partir de estas adhesiones, la política de cada país es favorable para introducir esos incentivos para desarrollar un sector agrícola que sea competitivo. “Esto da cierta seguridad y facilidad para tener colaboraciones público-privada, crear un marco de diversidad del tipo de obtentores que pueden ser pequeños o medianos. También pueden ser centros de investigación pública, puede ser para empresas que trabajan a nivel global o a nivel regional. Lo que se produce es un marco que favorece la inversión”, mencionó.
Esto va con otras políticas de gobierno que favorecen ese tipo de desarrollo en el sector agrícola: creación de empleo, posibilidad de producir no solo para abastecer las necesidades a nivel del mercado local, también oportunidades de exportación. “Las oportunidades de exportación no a nivel solo de cantidad de producto, volumen, sino de calidad del producto que hacen que tengan posiciones competitivas en los mercados nacionales e internacionales”, afirmó.
Cuando un obtentor desarrolla una nueva variedad, de cualquier cultivo, puede ser soja, trigo o frutales, ese trabajo implica que hubo una serie de recursos e inversiones. “Gracias al reconocimiento del derecho obtentor se puede recuperar esa inversión para que haya nuevas variedades que puedan responder a las necesidades de los productores, con mayor rendimiento y calidad para llegar a las necesidades de los consumidores. El objetivo es mantener un espacio de cooperación y armonización internacional”, aseveró.
El acta responde a los desarrollos de nuevas tecnologías para seguir creando un sector competitivo donde obtentores que utilizan técnicas más tradicionales de fitomejoramiento puedan colaborar con aquellos que desarrollan nuevas tecnologías y pueden conseguir avances beneficiosos. Además de crear un sistema eficaz para los derechos de obtentor, según explica.
—¿Por qué es importante el sistema Upov para el sector agropecuario?
— A raíz del desarrollo de nuevas variedades, hay objetivos muy importantes de política general como la seguridad alimentaria, adaptarse y mitigar los efectos del cambio climático, y responder a las necesidades de producir más y mejor con menos tierra y agua. Gracias a la innovación y al trabajo de los obtentores se puede conseguir que haya nuevas variedades, que sean resistentes a enfermedades, adaptadas a situaciones de sequía; que respondan a calidad, nivel de nutrición, tamaño de la fruta y que sea fácil de pelar. La sociedad va evolucionando a nivel de familia y de pronto, necesitás productos que estén adaptados a situaciones actuales. Cuando era pequeña teníamos sandías que eran enormes, para una gran familia, ahora, uno tiene sandías de un tamaño más pequeño que puede responder a una persona que vive sola y no necesita esa sandía grande. Todo lo que va evolucionando como sociedad, también evoluciona con las nuevas variedades de semillas.
