Mientras el kirchnerismo no descarta llevar adelante -con el Gobierno- la discusión sobre una Corte ampliada, el máximo tribunal tiene en sus manos el futuro político de la ex vicepresidenta. Hay, al menos, cuatro decisiones clave que debe tomar sobre causas sensibles: juicios, decomisos, condena por corrupción. La situación está atravesada, además, por la conformación de la cabeza del Poder Judicial a semanas de que uno de sus miembros, Juan Carlos Maqueda, se jubile y continúe la negociación por los pliegos de los candidatos del presidente Javier Milei para completar el tribunal.
En pocas semanas, la Corte Suprema de Justicia modificará su integración. Quedarán únicamente Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. En simultáneo, la Casa Rosada sostiene los pliegos de sus dos candidatos para volver al total de cinco miembros: el juez federal Ariel Lijo y el académico Manuel García-Mansilla.
Con ese telón de fondo, en la Corte habrá desde febrero cuatro decisiones determinantes que pueden incidir en el futuro político de Cristina Kirchner.
Después de la confirmación por parte de la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal sobre la condena de la expresidenta por corrupción en el caso Vialidad, se esperan las presentaciones de recursos extraordinarios ante el máximo tribunal. Eso debería ocurrir antes del 17 de febrero.
La discusión allí comenzará a partir de junio: para entonces ya habrán cerrado las listas de cada fuerza política con los candidatos que competirán en los comicios de medio término, es decir que Cristina podrá ser candidata su lo desea. Excepto que se sancione la ley de Ficha Limpia, cuyo tratamiento el gobierno volteó en Diputados la semana pasada.
Cuando resuelva, será la Corte la que le dé firmeza al fallo. Sólo en ese momento, si se respalda lo planteado por la Casación, la sentencia a seis años de prisión y la inhabilitación perpetua para el ejercicio de cargos públicos serán de efectivo cumplimiento.
Sin embargo, en paralelo, hay otros tres casos bajo estudio en el máximo tribunal que serán determinantes para Cristina Kirchner.
Hotesur-Los Sauces
Hace un año, el abogado Carlos Beraldi presentó ante la Corte los respectivos recursos para evitar que Cristina Kirchner enfrente dos nuevos juicios por presuntos hechos de corrupción: el caso unificado Hotesur-Los Sauces y Dólar Futuro. Acudir al máximo tribunal es la instancia última que tiene para reiterar lo que ya sostuvo ante la Casación: los juicios no deben sustanciarse porque en ambos expedientes hay una inexistencia del delito.
Lo mismo ocurre con otra causa que preocupa a la expresidenta: la que investigó el supuesto encubrimiento del atentado a la AMIA a través del Pacto con Irán firmado en 2013, tal como denunció el malogrado fiscal Alberto Nisman.
En los casos Hotesur y los Sauces se concluyó que esas dos empresas de la familia Kirchner -dedicadas a alquilar hoteles y departamentos- carecían de un curso comercial genuino y que eran “pantallas para realizar maniobras de lavado de activos”.
Si la Corte confirma la decisión de la Casación, Cristina deberá comparecer ante un Tribunal de juicio junto a su hijo Máximo y otros trece imputados, entre los que se encuentra Lázaro Báez, Cristóbal López (sólo en Los Sauces), Romina Mercado (hija de Alicia Kirchner), Osvaldo Sanfelice y el ex contador y arrepentido en los Cuadernos de las Coimas, Víctor Manzanares, entre otros.
Es lo que busca evitar la ex vicepresidente: volver a estar sentada en el banquillo de los acusados. Cuando la Sala I de la Casación Federal revocó el sobreseimiento que dos jueces del Tribunal Oral Federal 5 (TOF 5) habían dictado, entendieron que la mejor instancia de defensa es el juicio oral.
La defensa de la ex vice apeló ese criterio que fue rechazado por no tratarse de una sentencia definitiva. Los jueces explicaron que se está ante una resolución que sólo determinó que debe llevarse a cabo el juicio. Por eso será la Corte Suprema la que resuelva.
Pacto con Irán
Algo similar ocurrió con el caso del Pacto con Irán. La Casación expuso que el juicio debe desarrollarse, porque no se estaba cuestionando penalmente la potestad del Poder Ejecutivo en la firma de un Pacto de Entendimiento con otro país, sino que en la denuncia formulada por Nisman revestía el contenido jurídico necesario, es decir: había hechos penales que debían investigarse y que deben debatirse en un juicio oral. Por eso, todos los imputados deberán responder ante un Tribunal de juicio por el delito de encubrimiento agravado.
En el recurso de queja ante la Corte, el abogado de Cristina se refirió a este punto. “La Casación Penal violentó gravemente el principio de división de poderes, consagrado en el art. 1 de la Carta Magna, al avalar la indebida judicialización de actos de naturaleza estrictamente política que, como tales, se encuentran exentos de revisión por parte del Poder Judicial”.
La Corte Suprema deberá analizar ambos casos y pronunciarse. Recién entonces comenzarían a organizarse los juicios por parte de los tribunales orales correspondientes.
Finalmente, el cuarto caso que más años llevan en el máximo tribunal y que aguarda por una resolución, es la causa por las operaciones del gobierno de Cristina Kirchner con el dólar futuro.
Pese a que el recurso ingresó ante la Corte en 2021, no hay ninguna novedad al respecto. Salvo el dictamen del Procurador General de la Nación, Eduardo Casal.
En 2022, el jefe de los fiscales pidió revocar el sobreseimiento de la ex vicepresidenta en dicho expediente, donde las maniobras implicaban supuestos delitos en las operaciones con la divisa estadounidense.
Para el procurador, el argumento bajo el cual se cerró ese expediente sin haber hecho el juicio oral es «arbitrario», pues la decisión previa del Tribunal Oral que había dispuesto realizar el juicio no puede ser asemejada a una sentencia definitiva. Con el dictamen de Casal -que no es vinculante- la palabra final la tiene la Corte.
En abril de 2021, la Casación Federal había resuelto que no se debía hacer el juicio contra la ex presidenta. Los jueces hicieron lugar al pedido de sobreseimiento y nulidad del caso que había presentado la vice.
Pero Casal señaló que «corresponde declarar procedente la queja, hacer lugar al recurso extraordinario interpuesto y revocar el fallo apelado, a fin de que, por intermedio de quien corresponda, se dicte uno nuevo de acuerdo a derecho”.
El expediente fue instruido por el fallecido juez Claudio Bonadio y el fiscal Eduardo Taiano. En ese momento se señaló que la pérdida para el Banco Central por las ventas de dólar futuro a un valor inferior al que se estaba ofreciendo en el mercado fue de 54.921.788.702,40 pesos, y que «la defraudación a la administración pública fue producto del acuerdo y coordinación de los más encumbrados funcionarios del Estado, quienes desde sus cargos arbitraron las medidas necesarias para su consecución».
La decisión de la Cámara Casación también significó el sobreseimiento del entonces ministro de Economía Axel Kicillof, el titular del Banco Central Alejandro Vanoli y otros acusados.
