En el marco del decreto en el que concretó la más reciente modificación al Presupuesto 2025, el Gobierno definió hoy el esquema por el cual apunta a regularizar las millonarias deudas que empresas distribuidoras y cooperativas mantienen con Cammesa, la firma mixta encargada de operar el sistema eléctrico mayorista.
Se trata de un régimen mediante el cual el Gobierno apunta a “recomponer la cadena de pagos” del sector eléctrico, que hace años acumula deudas y saldos impagos por parte de distribuidoras. Estas firmas cobraron las tarifas por parte de sus clientes por el servicio y sus consumos, pero al mismo tiempo no pagaban a Cammesa por esa energía recibida. Ese mecanismo, que acumuló saldos pendientes por más de US$1000 millones, también afectaba a toda la cadena, en tanto que Cammesa incurría en deudas con las generadoras.
La propuesta alcanza a las deudas que no estuvieran regularizadas hasta el 30 de noviembre de 2024. Para esos saldos remanentes, se creó un esquema que contempla hasta 12 meses de gracia y un pago en hasta seis años (72 cuotas mensuales), con una tasa de interés que será equivalente a hasta el 50% de la que se cobra en el mercado eléctrico mayorista (MEM).
A su vez, el esquema creado por el DNU 186/2025 incorpora un “incentivo de buenos pagadores”, mediante un régimen de “créditos” que alcanza a distribuidoras y cooperativas que cancelaron la totalidad de las transacciones el año pasado y no tengan deuda no regularizada a diciembre de 2023.
El plan de regularización de deudas, confirmado en el DNU, cuenta con la aprobación del directorio de Cammesa, y estipula que las empresas deberán suscribir en el acuerdo de forma particular para acceder a los beneficios. Desde el Gobierno aclararon además que “la adhesión al régimen debe hacerse de manera integral, no pudiendo hacerlo por partes ni condicionado a ninguna ocurrencia de hecho futuro”.
El esquema creado establece que las distribuidoras que adhieran al régimen perderán todos los beneficios incluidos y serán pasibles de multas en el caso de que no cumplan “en tiempo y forma” con el pago de la facturación corriente con Cammesa. Es decir, impone, además de la cuotificación de saldos pendientes, la obligación de regularidad con los flujos futuros, además de “cualquier otro acuerdo suscripto con anterioridad” al presente régimen.
A su vez, se definió que la Secretaría de Energía introducirá “diferentes mecanismos que promuevan la ejecución de inversiones para lograr mejoras en el sistema eléctrico”.
Según información oficial, las cuatro empresas con mayor deuda acumulada con Cammesa son las distribuidoras que operan en la provincia de Buenos Aires: Edea, Edelap, Eden y Edes, que a diciembre sumaban en conjunto más de $260.000 millones impagos, según informó LA NACION. En tanto, el segmento de cooperativas representaba un rojo ante Cammesa por $350.000 millones.
Desde el Gobierno plantean que, hasta diciembre de 2023, la tasa de cobrabilidad de Cammesa había caído al 48%, con las cooperativas y distribuidoras que acumulaban ese pasivo argumentando que el atraso tarifario afectaba su funcionamiento y su flujo de caja. “Los importes no cobrados se cubrían con aportes del Tesoro nacional en un círculo vicioso que se traducía en más emisión, más inflación y una descapitalización del sistema eléctrico”, afirmaron desde el Gobierno en un comunicado que introduce el nuevo régimen. Allí detallan que la tasa de cobrabilidad actual es del 97%.