MADRID.– El Consejo de Ministros aprobará este martes la tramitación de una regularización extraordinaria de inmigrantes para beneficiar a más de 500.000 personas, una medida que no se ejecutaba en España desde hace 20 años y que llega después de un intenso pulso de cientos de organizaciones de un amplio espectro ideológico.
“Los cambios geopolíticos recientes, la aparición de nuevas causas de movilidad junto a las tradicionales, la inestabilidad en países afectados por conflictos y la incidencia del cambio climático han intensificado los flujos migratorios a escala global, por lo que resulta imprescindible que la política migratoria española responda con eficacia y coherencia a realidades dinámicas y complejas”, aparece en el encabezamiento del acuerdo.
Hasta el momento, no se conoce el contenido íntegro del documento que próximamente presentará el Ejecutivo, pero Podemos ha adelantado este lunes (y luego han confirmado fuentes del Gobierno a este diario) varias claves sobre su contenido.
La regularización beneficiará a las personas en situación irregular y solicitantes de asilo que acrediten estar en España antes del 31 de diciembre de 2025. Es decir, se prevé que los interesados puedan iniciar su solicitud a partir de este mayo.
El número estimado es de medio millón de personas. No es la primera en ejecutarse en España. Desde la llegada de la democracia se han puesto en marcha nueve (desde 1986 hasta 2005: tres en el gobierno socialista de Felipe González, cuatro con José María Aznar y una con el PSOE de José Luis Zapatero) que afectó a más de un millón de personas.
Para la acreditación de la permanencia en el país se podrá aportar documentos como el padrón, informes de citas médicas, certificados de asistencia a recursos sociales, un contrato de alquiler, justificantes de envíos de dinero o tickets de transporte.
Podemos explicó, y fuentes del Gobierno confirmaron que, además de la acreditación de haber vivido en España desde antes del próximo mayo, carecer de antecedentes penales relevantes será otro requisito para beneficiarse de la regularización.
Una de las garantías que adelantó Podemos es que, en el momento de presentación de la solicitud de regularización, quedará automáticamente suspendidos los procedimientos de retorno o las órdenes de expulsión por motivos administrativos o por trabajar sin permiso que pesen sobre la persona en situación irregular.
Cuando se admita a trámite, se concederá una autorización de residencia provisional que permite trabajar de forma legal y acceder a otros derechos fundamentales, como la asistencia sanitaria. Si la resolución es favorable, el Estado concederá una autorización de residencia por un periodo de un año y, cuando esta finalice, la persona afectada podrá solicitar una autorización ordinaria conforme al reglamento de extranjería.
No. La medida se aprobará a través de un Real Decreto, por lo que no necesita pasar por el Congreso para su convalidación, donde sería muy difícil conseguir la mayoría dada la negativa del PP y Vox sobre este asunto.
Después de la aprobación del Consejo de Ministros por tramitación urgente, el documento irá a audiencia pública y la posible elaboración de informes de diversos ministerios. Luego, el documentó irá al Consejo de Estado y, de vuelta, al Consejo de Ministros.
Este acuerdo nace después de que más de un millar de asociaciones luchasen para poner en marcha una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) con más de 700.000 firmas.
Las organizaciones que apoyan este proyecto van desde colectivos empresariales hasta asociaciones anarquistas, pasando por entidades religiosas, como la Conferencia Episcopal Española, que en los últimos años ha plantado cara al discurso xenófobo de Vox y ha presionado al Partido Popular para que impulsase la iniciativa.
