A propósito del reciente artículo aparecido en LA NACION sobre las “cifras monumentales” que representó el famoso “Programa de Incremento Exportador” (PIE) que instrumentó el exministro de Economía de la Nación Sergio Tomás Massa, en el que se habla de que el dólar agro sólo devolvió al campo un 2,83% de lo recaudado en distintos programas de estímulo, quisiera destacar lo que le costó, además, al erario público dicho programa, ya que consistió en comprar dólares más caros que el valor a los que después los vendía.
Este verdadero quebranto para el Estado nacional y, por ende para todos los ciudadanos argentinos, comenzó en septiembre de 2022 con el dictado del Decreto 576/22 y terminó en agosto de 2023 con una pérdida de US$6000 millones sin que hasta el momento ningún fiscal interviniera para juzgarlo por incumplimiento de los deberes como funcionario público y el código de ética que se aplica a los mismos, en el cual por su artículo 9º “el funcionario público debe actuar con pleno conocimiento de las materias sometidas a su consideración, con la misma diligencia que un buen administrador emplearía para con sus propios bienes…Asimismo, debe evitar acciones que pudieran poner en riesgo la finalidad de la función pública o el patrimonio del Estado” (Decreto 41/99).
Pero veamos cómo se fue produciendo dicha pérdida para el patrimonio del Estado. El Programa de Incremento Exportador (PIE), más conocido como dólar agro tuvo cuatro etapas. En la primera etapa (PIE I), durante septiembre de 2022, el Estado perdió US$3000 millones tal como refleja el siguiente cuadro.
En la segunda etapa del Programa (PIE II), entre fines de noviembre y diciembre de 2022, el Estado perdió US$900 millones.
En la tercera etapa del Programa (PIE III) entre abril y mayo de 2023, el Estado perdió US$1500 millones.
En la cuarta y última etapa del Programa (PIE IV) entre julio y agosto de 2023, el Estado perdió US$550 millones.
Concluyendo, como dijimos al comienzo en las cuatro etapas del programa, el Estado perdió más de US$6000 millones sin que el exfuncionario haya sufrido ninguna demanda concreta por haber incumplido el código de ética pública.
El autor es escritor y ex subsecretario de Mercados Agropecuarios
