El 24 de agosto de 1994 se juró la reforma de la constitución argentina en el Palacio San José, en la ciudad entrerriana de Paraná.
Convencionales de 19 bloques políticos sesionaron durante tres meses y renovaron la carta magna de los argentinos.
La remodelación fue aprobada por unanimidad y constituye la más importante de la historia, aunque aspectos sustanciales de los cambios establecidos todavía no han sido aplicados.
Resultó una consecuencia directa del Pacto de Olivos firmado meses antes por Carlos Menem y Raúl Alfonsín.
Permitió la reelección presidencial, redujo los mandatos de los presidentes y senadores, y concedió la autonomía a la Ciudad de Buenos Aires.
Creó nuevos órganos de control, como el Consejo de la Magistratura y la Auditoría General de la Nación, y dispuso la instrumentación del cargo de jefe de Gabinete de Ministros, con la aspiración de moderar el presidencialismo.
A tres décadas de aquella reforma, hay resoluciones que aún no han sido aplicadas.
Por ejemplo, todavía no se ha sancionado la ley de coparticipación federal de impuestos y desde hace 15 años no se cubre el cargo de Defensor del Pueblo de la Nación.
Uno de los objetivos centrales de la reforma constitucional de 1994 era atenuar el presidencialismo.
Ese es otro de los puntos que no funcionó en la práctica como los convencionales pretendieron.
La reforma de 1994 dio andamiaje jurídico a la democracia y potenció la participación popular.
Buscó mayor equilibrio entre los poderes del Estado.
Probablemente haya sido el último acto de la política argentina con mayúsculas, aunque no le pusiera freno a la corrupción ni las libertades ganadas hayan impedido el crecimiento de la pobreza.
