El Gobierno denunció que el Espacio de la Memoria Virrey Cevallos fue tomado en forma ilegal por grupos que identificó con el kirchnerismo que transformaron el lugar en «un búnker partidario y de adoctrinamiento» que le costaba al Estado $210 millones solo en sueldos.
De acuerdo a lo asegurado por el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, en el lugar funcionaba “una redacción kirchnerista» y denunció que «los delincuentes» manejaban un medio digital identificado como “El Grito del Sur”, que se definía como un espacio «popular, transfeminista y millennial hecho por y para les jóvenes y les trabajadores».
En este sentido, desde la cartera de Justicia aseguraron que el predio era utilizado para «montar operaciones políticas partidarias» al tiempo que confirmaron que ya presentaron una denuncia penal. “El medio El Grito del Sur usurpó un lugar destinado a la educación para convertirlo en un búnker político e ideológico, bancado con los recursos del Estado”, remarcó Cúneo Libarona.
“Bajo la bandera de los derechos humanos, financiaban su editorial partidaria kirchnerista con el presupuesto nacional. Uno de los responsables es Miguel Hernan Santucho, sobrino del terrorista del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) Mario Roberto Santucho, que junto a otros seis empleados de la Secretaría de Derechos Humanos tenía la responsabilidad de custodiar y mantener el espacio”, precisó el ministro a través de un comunicado de prensa.
Lo cierto es que tras una inspección realizada en el Espacio para la Memoria Ex CCTyD Virrey Cevallos, se constató la instalación y funcionamiento de esta redacción operativa en el segundo piso del edificio. Según explicaron, la agrupación kirchnerista utilizaba los recursos del Estado sin respaldo de acto administrativo alguno que los habilitara.
Para Cúneo Libarona, “esto contraviene el espíritu y la normativa que rige los Espacios de Memoria, que según la Ley deben ser destinados a la promoción de actividades educativas, de investigación y difusión vinculadas a la memoria y los derechos humanos”.
Las acciones se enmarcan en los procedimientos que viene llevando a cabo el gobierno del Presidente Javier Milei, con el objetivo de mantener el uso correcto y legítimo de los bienes públicos, asegurando el cumplimiento de las normativas que regulan el funcionamiento de los Sitios y Espacios de Memoria.
En rigor, el Gobierno está decidido a avanzar contra las políticas de derechos humanos que se aplicaron durante el kirchnerismo. Al respecto, el Ministerio de Justicia y había anticipado en marzo que haría una auditoría en aquellos espacio de la memoria, incluyendo el predio de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA).
La decisión política no sólo es inspeccionar los predios sino también frenar las transferencias por 60 días, lo que derivó en tensiones con la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), ya que el gremio advirtió que si se aplica la medida no se podrán pagar los sueldos de los empleados.
