El escándalo por los diputados libertarios que asistieron a Ezeiza y se fotografiaron con represores lejos de terminarse, está por empezar. Después de que el oficialismo lograra bloquear el debate sobre el tema en la última sesión, este martes la comisión de Peticiones Poderes y Reglamentos se reunirá para discutir y evaluar si les corresponde una sanción. La Libertad Avanza diseña su estrategia.
La comisión es presidida por Silvia Lospennato (PRO) y hay cuatro proyectos ya en agenda: todos solicitan la investigación del hecho -para decidir si corresponde una sanción o suspensión- menos el de Gisela Marziotta (Unión por la Patria), que directamente propone la expulsión de los seis legisladores.
La Izquierda también quiere incluir su texto de repudio en el debate. Tres de los proyectos son de Unión por la Patria, pero lo curioso es que el cuarto fue presentado por Lourdes Arrieta, una de las propias diputadas libertarias que participó del «tour» a Ezeiza.
Arrieta es quien dijo que fueron «engañados» para ir, que ella nació en 1993 y no conocía a ninguno de los represores e incluso denunció a sus colegas en la Justicia; denuncia que ratificó esta semana ante el juez Ernesto Kreplak que dispuso custodia para ella y su familia.
Se suma a esto su compañera Rocío Bonacci que en la sesión de la semana pasada votó a favor de la moción para expulsar a los diputados que fueron a Ezeiza, entre ellos, ella. Es decir, votó a favor de autoexpulsarse.
Reunión previa de los libertarios
Frente a estas insólitas situaciones, los libertarios que integran la comisión se reunirán el lunes para decidir que estrategia llevarán adelante, en conjunto. En principio, pedirles a las legisladoras que no acudan a las comisiones.
Muchos oficialistas creen que se debería haber sacado algún comunicado en el momento que todo ocurrió, porque ahora las sanciones que se impongan no las pueden controlar. No tienen número suficiente y hasta el PRO -sus aliados más cercanos- quieren que haya algún tipo de respuesta institucional. Se lo habían pedido a Martín Menem, pero el presidente de la Cámara no hizo nada.
En el abanico aparecen muchas opciones. El primer proyecto que se presentó, de UP, con el jefe de bancada Germán Martínez a la cabeza, pedía conformar una comisión especial -de cinco miembros- para evaluar sanciones. Así lo fija el artículo 188 del Reglamento de la Cámara Baja. Pero en el oficialismo aseguran que eso es cuando ocurre un hecho adentro del recinto o en el marco de una sesión. Como fue el caso del diputado Juan Emilio Ameri, que protagonizó una escena sexual en plena sesión remota.
Los kirchneristas Vanesa Siley y el ex ministro de Justicia, Martín Soria, presentaron otro proyecto para que la decisión se tome en el marco de Asuntos Constitucionales. En sus fundamentos recuerdan cuatro antecedentes de legisladores suspendidos o echados de esa forma. La última fue Norma Godoy, en 2002, que fue excluida después de un dictamen firmado por unanimidad. Había aparecido en una cámara oculta amenazando con usar una Itaka contra periodistas del programa Punto Doc, que había develado que la legisladora desviaba fondos a fundaciones que ella presidía.
Todos los proyectos se basan en el artículo 66 de la Constitución que establece que las cámaras podrán «con dos tercios de votos, corregir a cualquiera de sus miembros por desorden de conducta en el ejercicio de sus funciones, o removerlo por inhabilidad física o moral sobreviniente a su incorporación, y hasta excluirle de su seno«.