El Gobierno lanzó una nueva moratoria para que las distribuidoras eléctricas puedan regularizar la deuda que mantienen con el Estado al 30 de noviembre pasado. Es el quinto plan de pagos que se aplica desde 2016 a la fecha y en este caso se buscará regularizar la deuda pendiente de US$1100 millones, según lo dispuesto por la Secretaría de Energía.
Al igual que las moratorias anteriores, el plan establece hasta 12 meses de gracia y 72 cuotas con la tasa del 50% del mercado eléctrico mayorista (MEM), pero exige responsabilidad bajo reglas estrictas: las empresas deberán pagar la deuda corriente sin atrasos y la obligación de presentar planes de inversión en infraestructura para mejorar el servicio, dijo la cartera energética. “Quienes incumplan perderán el beneficio automáticamente y enfrentarán sanciones”, advirtió.
Como contrapartida, las empresas que hayan regularizado sus pagos en 2024 y no tengan deudas anteriores a diciembre de 2023, accederán a créditos en sus facturas, para promover “una cultura de cumplimiento”, señalaron. El plazo para adherir es de 60 días corridos desde hoy, cuando se publicó la disposición 1/2025 en el Boletín Oficial.
Durante el gobierno de Alberto Fernández, también se aplicaron tres moratorias para ayudar a las distribuidoras a regularizar sus deudas con Cammesa, la compañía privada con control estatal encargada del despacho de energía eléctrica.
Las deudas generadas son una consecuencia de los congelamientos tarifarios que aplicó la administración anterior. Al no tener los ingresos suficientes para mantener la operación y las inversiones mínimas, las distribuidoras comenzaron a financiarse con Cammesa; es decir, se quedaban con el total de la recaudación de las boletas de luz, en vez de transferirle a la compañía la parte que le correspondía por el costo de la generación de electricidad.
Con este régimen, el Gobierno busca que Cammesa tenga más herramientas para presionar el pago de la generación eléctrica, ya que, de lo contrario, la compañía acumula activos difíciles de cobrar.
“Esta medida marca el fin de un esquema donde la morosidad crónica se cubría con emisión inflacionaria, perjudicando a todos los argentinos”, dijo la Secretaría de Energía a través de un comunicado.
El 12 de marzo pasado, mediante el decreto N° 186, el Poder Ejecutivo estableció los regímenes especiales de pago y crédito en el Sector de Energía Eléctrica. “La existencia de un sistema de retribución que no refleja los costos reales de producción, sumado a la situación de deuda de numerosos agentes distribuidores con el MEM, ha generado un escenario crítico que exige la adopción de medidas que incentiven el cumplimiento y fomenten la estabilidad financiera del sector», indicó.
