SAN FRANCISCO.- Google fue declarado culpable de monopolio abusivo en la Justicia de Estados Unidos por segunda vez en menos de un año, esta vez por explotar ilegalmente parte de su tecnología de marketing digital para aumentar las ganancias que alimentan un imperio de internet valorado actualmente en 1,8 billones de dólares.
El fallo emitido el jueves por la jueza federal de distrito Leonie Brinkema, de Virginia, llega tras una decisión independiente en agosto que concluyó que el motor de búsqueda homónimo de Google aprovechó ilegalmente su dominio para sofocar la competencia y la innovación.
Después de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos pusiera en la mira el omnipresente motor de búsqueda de Google durante el primer gobierno del presidente Donald Trump, la misma agencia persiguió la lucrativa red de publicidad digital de la compañía en 2023, durante el gobierno de Joe Biden, en un intento por socavar el poder que Google acumuló desde su fundación en un garaje de Silicon Valley en 1998.
Biden había llevado a Google ante un tribunal federal de Virginia en enero de 2023 y el juicio se celebró en noviembre de 2024.
“Google emprendió deliberadamente una serie de acciones anticompetencia para adquirir y mantener el poder monopólico” de la publicidad en línea, determinó la jueza Brinkema. “Durante más de una década, Google vinculó su servidor de publicación de anuncios y los intercambios de anuncios mediante condiciones contractuales e integración tecnológica, lo que permitió a la empresa establecer y proteger su posición de monopolio en estos dos mercados”, continuó.
Para Brinkema, la compañía “aseguró su monopolio imponiendo políticas anticompetitivas a sus clientes”.
De esta forma, concluyó, Google causó un “daño significativo” a sus clientes e impidió que el resto pudiera competir.
La juez le dio a la empresa siete días para presentar un calendario de medidas correctivas.
El gobierno estadounidense sostiene que Google controla el mercado de la publicidad en internet lo que aprovecha para cobrar precios inflados y repartirse los ingresos de forma desleal.
Aunque los reguladores antimonopolio prevalecieron en ambas ocasiones, es probable que la batalla continúe durante varios años más, mientras Google intenta revocar las dos decisiones de monopolio en apelaciones, mientras avanza en la nueva y altamente lucrativa frontera tecnológica de la inteligencia artificial.
El siguiente paso es una fase de sanciones que probablemente comenzará a finales de este año o principios del próximo. Las audiencias en el caso de monopolio de las búsquedas están programadas para comenzar el lunes en Washington, donde los abogados del Departamento de Justicia intentarán convencer al juez de distrito estadounidense Amit Mehta para que imponga una sanción drástica que incluya la propuesta de exigir a Google que venda su navegador web Chrome.
La decisión de 115 páginas de Brinkema se centra en la maquinaria de marketing que Google ha construido durante los últimos 17 años en torno a su motor de búsqueda y otros productos y servicios ampliamente utilizados, como su navegador Chrome, el sitio de vídeos de YouTube y sus mapas digitales.
El sistema se construyó principalmente en torno a una serie de adquisiciones que comenzaron con la compra por parte de Google de DoubleClick, especialista en publicidad online, por 3200 millones de dólares en 2008. Los reguladores estadounidenses aprobaron los acuerdos en el momento de su cierre, antes de percatarse de que le habían proporcionado a la empresa de Mountain View, California, una plataforma para manipular los precios en un ecosistema del que dependen los ingresos de una amplia gama de sitios web y que proporciona una conexión de marketing vital con los consumidores.
En un comunicado, Google afirmó que apelará el fallo. “Discrepamos de la decisión del Tribunal respecto a nuestras herramientas para editores”, declaró Lee-Anne Mulholland, vicepresidenta de asuntos regulatorios de Google. “Los editores tienen muchas opciones y eligen a Google porque nuestras herramientas tecnológicas publicitarias son sencillas, asequibles y eficaces”.
Al igual que en el caso del monopolio de las búsquedas, Google y su empresa matriz, Alphabet, negaron rotundamente las acusaciones del Departamento de Justicia. Sus abogados argumentaron que el gobierno basó su caso en gran medida en un concepto anticuado de un mercado que existía hace una década, subestimando un mercado altamente competitivo para la inversión publicitaria que incluye a empresas como Meta Platforms, la empresa matriz de Facebook, Amazon, Microsoft y Comcast.
El mercado, tal como se describe en el caso del Departamento de Justicia, no incluía los anuncios que aparecen en aplicaciones móviles, servicios de televisión en streaming u otras plataformas a las que los usuarios de internet han migrado cada vez más. Esto llevó a la abogada de Google, Karen Dunn, a comparar la definición del gobierno como una “cápsula del tiempo con una BlackBerry, un iPod y una tarjeta de video Blockbuster” durante su alegato inicial al inicio del juicio en septiembre pasado.
En el juicio, los abogados del Departamento de Justicia enfatizaron el daño a los editores de noticias derivado del supuesto dominio del mercado por parte de Google. Testigos de Gannett, editor de USA Today y otros periódicos, y de News Corp., editor del Wall Street Journal, testificaron sobre las dificultades que han enfrentado y lo que, según ellos, era la falta de alternativas a la tecnología publicitaria de Google. Estas empresas dependen de la publicidad en línea para financiar sus operaciones de noticias y ofrecer sus artículos de forma gratuita a los consumidores en internet, según argumentaron abogados del gobierno.
Ahora, el gobierno está en posición de intentar desmantelar ese complejo sistema publicitario. Cuando se presentó el caso hace más de dos años, durante la administración Biden, el Departamento de Justicia afirmó que Google debería verse obligado a vender, como mínimo, su producto Ad Manager, que incluye la tecnología utilizada por los editores de sitios web y el intercambio de anuncios.
Agencias AP y AFP