La Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional confirmó el sobreseimiento de los directivos de Lácteos Vidal en la causa penal impulsada por el gremio Atilra por presunta desobediencia judicial y resolvió archivar la denuncia. El conflicto se originó cuando el juez José Ignacio Ramonet ordenó la reincorporación de trabajadores despedidos por la fábrica tras un bloqueo en la planta de la localidad bonaerense de Moctezuma hace casi tres años. La empresa no acató la medida y argumentó que era de imposible cumplimiento debido a la pérdida de confianza en los empleados involucrados. La decisión se da después de casi un año desde que el magistrado imputara a los empresarios por «desobediencia».
En ese ir y venir de la causa, el fiscal interviniente consideró que “no correspondía imputar a los responsables”, ya que el presidente de la firma, Vidal Bada Blanco, “no había sido notificado personalmente”, y la comunicación judicial se dirigió al abogado de la firma, Eduardo Darriba. La causa había sido caratulada como “resistencia o desobediencia a funcionario público denunciante del Juzgado del Trabajo N.69″, juzgado donde tiene injerencia Ramonet, a cargo del conflicto laboral. A pesar de las apelaciones de Atilra, tanto el fiscal general como la Cámara de Apelaciones ratificaron el sobreseimiento para cerrar el capítulo penal de la disputa.
Alejandra Bada Vázquez, una de las dueñas de Lácteos Vidal, indicó: “Encima de haber sido atacados por el sindicato de Atilra con la huelga ilegal e ilegítima, otro de los daños colaterales fue recibir una denuncia por desobediencia al no poder cumplir la orden de reincorporación, que era de imposible cumplimiento porque nosotros, haciendo alimentos, nunca podríamos trabajar con gente a la que le perdimos totalmente la confianza”, precisó.
Según agregó la empresaria, incluso “los propios compañeros que siguieron trabajando tienen derecho a trabajar en un ambiente sano con gente a la que le tienen confianza”. Contó que el sobreseimiento los tomó por sorpresa. “Es obvio que una empresa privada tiene derecho a despedir y a no reincorporar, porque la reincorporación es un invento de sindicalistas y de jueces que no respetan la propiedad privada. A nosotros nos sorprendió la denuncia, cuando además fue una medida cautelar sobre una huelga que fue ilegal e ilegítima, donde no se respetaron los pasos que tienen que seguir, según la ley de asociaciones sindicales», amplió.
El juez Ramonet impuso astreintes de $10.000 por día por cada trabajador no reincorporado y despedido en el conflicto de julio de 2022. En esa oportunidad, la pyme despidió en total a 26 trabajadores por el bloqueo en la planta; con el correr del tiempo negociaron de manera particular con 17 trabajadores a lo largo de estos dos años; además, hubo una persona que se jubiló. Pero hay ocho todavía envueltos en el conflicto legal.
En el medio, el juez había dispuesto la investigación contra Bada Vázquez por desobediencia. El conflicto fue escalando y la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo revocó una suspensión previa de estas sanciones, reinstaurando la vigencia de la medida cautelar que obligaba a Lácteos Vidal a reincorporar a los trabajadores despedidos. Incluso no tomó en cuenta la negociación que hicieron los 17 exempleados.
Para la empresaria, “cuando un sindicato quiere tomar una medida, tiene que cumplir determinados pasos que en este caso no se cumplieron», por lo cual, resaltó que la acción sucedida en la fábrica “fue ilegal e ilegítima”. Además, remarcó que Atilra “no tenía motivos ni argumentos”, para llevar adelante una medida de fuerza, que se tornó “violenta” y tuvo movilizaciones en la planta del barrio porteño de Villa Devoto.
Entre tanto, a finales del año pasado, dos jueces de la Sala 9 de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, Álvaro Balestrini y Roberto Pompa, rechazaron el pedido de Lácteos Vidal para suspender una medida cautelar que los obligaba a reincorporar los 26 trabajadores despedidos. La resolución también ratificaba el pago de la multa por cada día sin reincorporación.
“Lamentablemente, la justicia laboral no está a tono con lo que necesita la Argentina, que es respetar la propiedad privada para que los empresarios quieran invertir y contratar gente. Al revés de todo eso, ponen siempre el fuero laboral, muchas veces pone en riesgo la continuidad de las empresas, atentan contra la propiedad privada, como cuando nos cobraron las astreintes por no cumplir la reincorporación, que además es de imposible cumplimiento. Además, viola el derecho de propiedad privada. Esto fue como una tortura más en este camino de librarnos de la mafia sindical», enumeró.
Señaló de que es hora de que el fuero laboral entienda que, en un país donde hay 6 millones de personas que están trabajando en la informalidad, se tiene que cuidar a las empresas y fomentar la creación de nuevas.