WASHINGTON.- Un juez federal dijo este miércoles que encontró causa probable para declarar al gobierno del presidente Donald Trump en desacato criminal al tribunal por violar sus órdenes de hacer volver a aviones que transportaban deportados a El Salvador.
El juez federal de distrito, James Boasberg, advirtió que podría remitir el asunto para su enjuiciamiento si el gobierno no se “purga” de su desacato obedeciendo voluntariamente su orden. El gobierno podría hacerlo devolviendo a custodia de Estados Unidos a aquellos que fueron enviados a la prisión de El Salvador en violación de su orden para que “puedan hacer valer su derecho a impugnar su deportación”, señaló Boasberg.
Si el Departamento de Justicia se niega a enjuiciar el asunto, Boasberg dijo que nombrará a otro abogado para procesar el desacato. “La Constitución no tolera la desobediencia intencionada de las órdenes judiciales, especialmente por parte de funcionarios de una rama coordinada que han jurado defenderla», escribió.
La medida de Boasberg marca una escalada en una batalla entre las ramas judicial y ejecutiva del gobierno sobre los poderes de un presidente para llevar a cabo prioridades clave de la Casa Blanca. El presidente republicano ha pedido la destitución de Boasberg mientras que el Departamento de Justicia ha acusado al juez de excederse en su autoridad.
Boasberg, quien fue nominado al tribunal federal por el expresidente demócrata Barack Obama, ordenó al gobierno el mes pasado no deportar a nadie bajo su custodia bajo la Ley de Enemigos Extranjeros. Trump invocó la ley de tiempos de guerra de 1798 por lo que afirmó era una invasión por parte de la pandilla venezolana Tren de Aragua.
Cuando se le informó a Boasberg que ya había aviones en el aire con destino a El Salvador, que acordó albergar a los migrantes deportados en una prisión notoria, el juez ordenó hacer devolver las aeronaves a Estados Unidos. Pero horas después, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunció que los deportados habían llegado a su país.
El gobierno de Trump argumenta que no violó ninguna orden, señaló que el juez no incluyó la directiva de dar la vuelta en su orden escrita y dijo que los aviones ya habían salido de Estados Unidos cuando se emitió esa orden.
Cuando se le informó a Boasberg que ya había aviones en el aire con destino a El Salvador, que acordó albergar a los migrantes deportados en una prisión notoria, el juez ordenó hacer devolver las aeronaves a Estados Unidos. Pero horas después, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunció que los deportados habían llegado a su país.
El gobierno de Trump argumenta que no violó ninguna orden, señaló que el juez no incluyó la directiva de dar la vuelta en su orden escrita y dijo que los aviones ya habían salido de Estados Unidos cuando se emitió esa orden.
La Corte Suprema a principios de este mes anuló la orden temporal de Boasberg que bloqueaba las deportaciones bajo la Ley de Enemigos Extranjeros, pero dijo que a los inmigrantes se les debe dar la oportunidad de impugnar sus deportaciones antes de ser deportados. La mayoría conservadora dijo que los desafíos legales deben llevarse a cabo en Texas, en lugar de en un tribunal de Washington.
Boasberg escribió que aunque la Corte Suprema encontró que su orden «sufría de un defecto legal», eso “no excusa la violación del gobierno”. Escribió que la “conducta del gobierno traicionó un deseo de eludir el alcance equitativo del poder judicial”.
Misión fallida
Por su parte, el gobierno salvadoreño prohibió que el senador estadounidense Chris Van Hollen, llegado este miércoles al país buscando la liberación de un ciudadano salvadoreño deportado por error, pudiera visitarlo.
El salvadoreño Kilmar Ábrego García fue deportado por error de Washington y permanece en una megacárcel del país centroamericano, junto a peligrosos delincuentes.
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A su llegada, el vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa, le dijo al senador que no podía autorizar una visita ni una llamada con Ábrego, sostuvo Van Hollen, de Maryland, quien también es miembro del Comité de Relaciones Exteriores del Senado.
“¿Por qué debería el gobierno de Estados Unidos pagar al gobierno de El Salvador para que encarcele a un hombre que fue secuestrado ilegalmente en Estados Unidos y que no cometió ningún delito?“, dijo Van Hollen en rueda de prensa.
Después de que Washington reconociera que Ábrego había sido deportado debido a un “error administrativo”, la Corte Suprema de Estados Unidos confirmó una orden de la jueza Paula Xinis que ordenaba al gobierno “facilitar” su regreso.
En una reunión con el presidente Donald Trump en la Casa Blanca el lunes, el presidente de El Salvador,
Nayib Bukele, afirmó que no tenía planes de devolver a Ábrego. Horas antes, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos declaró en un documento judicial que “no tiene autoridad para obligar” a Ábrego a regresar.
El martes, Xinis afirmó que no acusaría inmediatamente al gobierno de desacato judicial, pero afirmó que no había pruebas de que la administración Trump hubiera intentado rescatar a Ábrego y que no toleraría “artimañas ni exhibicionismo”.
“El objetivo de mi visita es hablar con la gente de aquí sobre la liberación de Kilmar Ábrego García”, escribió Van Hollen en X poco después de aterrizar en la capital salvadoreña. “Le dije a su esposa y a su familia que haría todo lo posible para traerlo a casa, y seguiremos trabajando en ello hasta lograrlo”, agregó.
Agencias AP y Reuters