El próximo lunes 14 de abril, a las 10 de la mañana, el juez Roberto Montilla dejará su rol habitual en el engranaje judicial para convertirse, por unas horas, en acusado. La audiencia de formalización de la investigación penal preparatoria ya tiene fecha y lugar: será en el subsuelo del Palacio de Tribunales, donde casos recientes han sido juzgados bajo su mirada… pero esta vez, él estará del otro lado.
La acusación, impulsada por el fiscal Iván Grassi, lo señala por dos delitos: Usurpación de funciones públicas en grado de tentativa e Incumplimiento de los deberes de funcionario público, en concurso ideal. Y todo, por una supuesta intervención en favor de un detenido alojado en la Comisaría 4°.
La historia tiene ribetes insólitos: el 5 de abril, José Benito Martín fue arrestado por una causa de estafa y quedó a disposición del sistema de Flagrancia. Pero, según consta en la denuncia, Montilla —perteneciente a otro fuero— habría realizado llamados insistentes a la seccional para pedir que Martín fuera trasladado… nada menos que a una residencia para adultos mayores. Como no logró su objetivo por teléfono, decidió ir personalmente: se presentó el domingo 6 de abril, pasadas las 14, en la Comisaría 4°, e intentó convencer a los oficiales de que liberaran al detenido.
El episodio no quedó en el terreno de la anécdota. Las cámaras de seguridad registraron cada paso del magistrado, y ese material hoy forma parte del expediente que lo tiene como protagonista.
Montilla, por su parte, niega cualquier irregularidad: “No he cometido ningún hecho que agrave a la Justicia. Tampoco he ofendido al juez de Flagrancia ni a la fiscal. Pero sí me siento agraviado yo: en mi desempeño, en mi moral y en muchas otras cosas más. Mi moral es intachable”, declaró con énfasis ante los medios. Y agregó que se presentará ante el fiscal para hacer su descargo, cuando sea el momento adecuado.
Este lunes, frente a otro juez, podrá hablar… o elegir el silencio. Pero lo cierto es que, en esta historia, ya nada es como antes: un juez que pretendió intervenir donde no debía, ahora deberá explicar por qué. Y la Justicia, que lo tuvo como brazo ejecutor, será quien ahora lo evalúe a él.
