El sacerdote Javier Olivera Ravasi, el cura que organizó la polémica visita de un grupo de seis diputados libertarios a represores condenados por delitos de lesa humanidad presos en la cárcel de Ezeiza, el pasado 11 de julio, fue echado por el obispado de Zárate-Campana, que no le renovó el permiso para desarrollar actividades pastorales en esa jurisdicción.
Fue luego de recibir «numerosas quejas fundados por sus expresiones y actitudes que se oponían al testimonio cristiano». Olivera Ravasi es hijo del represor Jorge Antonio Olivera, condenado por delitos de lesa humanidad cometidos en San Juan durante la última dictadura.
El cura es un influencer de derecha, que milita por la libertad de los genocidas y que en X tiene en su biografía la frase «apologética histórica y contrarrevolución cultural y espiritual”. Y fue uno de los que orquestó el viaje de los diputados libertarios a la cárcel de Ezeiza para ver genocidas, en conjunto con el legislador entrerriano Beltrán Benedit y un grupo de abogados -algunos hijos de condenados por delitos de lesa humanidad- que abogan por la libertad de los represores con prisión perpetua.
Ravasi es un sacerdote que está incardinado en la diócesis de San Rafael, en Mendoza. Pertenece a la conservadora congregación del Verbo Encarnado, pero se fue de esa provincia hace años para fundar la Fundación San Elías, donde se realizaron varias reuniones previas para armar la visita a genocidas y además trabajar en dos proyectos para sacar de prisión a los condenados por delitos de lesa humanidad. Fuentes de la Iglesia lo catalogan como un «outsider», es decir alguien bastante por fuera de toda la institución.
Según explicó el obispado de Zárate-Campana, Ravasi había aludido razones familiares para residir en esa diócesis por el término de cuatro meses, desde el 20 de agosto de 2019 hasta el 31 de diciembre del mismo año. «Posteriormente dejó el lugar y retornó varias veces sin aviso alguno», explicaron.
El comunicado del obispado Zárate-Campana para echar al padre Javier Ravasi.Comunicado del Obispado de Zárate-Campana
El sacerdote, presbítero Javier Olivera Ravasi, está incardinado en la diócesis de San Rafael, Provincia de Mendoza, y fuera de la misma desde hace varios años. Por razones familiares que aludió, solicitó residir en esta diócesis de Zárate-Campana, lo que se le concedió por el término de cuatro meses, desde el 20 de agosto de 2019 hasta el 31 de diciembre del mismo año, quien posteriormente dejó el lugar y retornó varias veces sin aviso alguno.
Dado que, en reiteradas ocasiones, se recibieron en este obispado numerosas quejas fundadas por sus expresiones y actitudes, que se oponían al testimonio cristiano -máxime proviniendo de un sacerdote-, se le pidió un cambio de actitud y comportamiento en su proceder.
Al no observarse hasta el presente el cambio requerido en su actitud, y teniendo en cuenta que el mencionado sacerdote no pertenece a esta diócesis de Zárate-Campana, así como por el bien de la comunidad diocesana, hechas las consultas pertinentes, se le ha comunicado que en adelante no tiene autorización para residir en esta diócesis.
La Justicia abrió una investigación por la visita
Beltrán Benedit, Lourdes Arrieta, María Fernanda Araujo, Guillermo Montenegro, Alida Ferreyra y Rocío Bonacci fueron los seis diputados que visitaron a Alfredo Astiz, Raúl Guglielminetti (exagente de inteligencia del Batallón 601), Carlos Guillermo Suárez Mason Jr. (ex marino responsable de delitos de lesa humanidad en la ESMA), Adolfo Donda (exoficial de la Armada y secuestrador de su sobrina, la exdiputada Victoria Donda), y Antonio Pernías, entre otros represores.
Por este hecho, el juez federal Ernesto Kreplak, que subroga el Juzgado Federal N°2 de Lomas de Zamora, abrió una investigación tras una presentación de Arrieta, que denunció amenazas y pidió que se indaguen todos los detalles.
La legisladora solicitó que se investiguen los posibles delitos de coacción agravada, abuso de autoridad y violación de deberes de funcionario público, conspiración y malversación de fondos públicos, y apuntó contra el cura Olivera Ravasi.
Desde la Conferencia Episcopal Argentina también se expresaron en contra del prelado. El vocero Máximo Jurcinovic sostuvo que “lo expresado y actuado por el sacerdote Javier Olivera Ravasi en relación a la visita de un grupo de diputados a la cárcel de Ezeiza no corresponde ni al pensamiento ni a la actitud de la CEA”.
