La deuda soberana que entró en default luego de la crisis de 2001 sigue siendo un dolor de cabeza para la Argentina. La jueza Loretta Preska, del Distrito Sur de Nueva York, ordenó al Estado a pagar US$142 millones a 12 fondos institucionales que litigaron contra el país, según publicó el economista Sebastián Maril, quien sigue de cerca los juicios contra el país en el exterior.
Pese a los canjes de deuda ofrecidos en 2005, 2010 y 2016, hubo una serie de fondos –más conocidos como holdouts– que compraron aquella deuda en default para demandar al país. Representan menos del 3% del total de tenedores de deuda argentina que quedó remanente luego de los sucesivos canjes.
El año pasado, la jueza Preska había ordenado el embargo de activos argentinos por el monto de US$95,8 millones para afrontar el pago al fondo Bainbridge Fund, que había ganado el mismo litigio. El dinero embargado pertenecía a una cuenta que tiene el Banco Central (BCRA) en la Reserva Federal (Fed), con fondos que se utilizaron en su momento como colateral para garantizar el pago de los bonos Brady. Estos títulos, emitidos en la década del 90, fueron parte del programa de reestructuración que lanzó el entonces secretario del Tesoro estadounidense, Nicholas Brady, para descomprimir la deuda de los países de la región.
Preska ahora falló de nuevo a favor de una serie de holdouts, entre los que se encuentran los fondos Attestor Master Value, Trinity Investments y White Hawthorne, Bison Bee LLC y Bybrook Capital Master. Los primeros dos estaban representados por el abogado Dennis Hranitzky, que logró confiscar la Fragata Libertad en Ghana, en 2012, cuando asesoraba al fondo NML – Elliott Capital Management.
En abril de 2016, a pocos meses de haber comenzado la gestión de Mauricio Macri, el gobierno pagó US$9300 millones a parte de los holdouts que tenían deuda en default de 2001. Para hacer frente a los primeros compromisos, se emitieron los bonos Globales, que en 2020 el exministro de Economía Martín Guzmán reestructuró junto con los títulos entregados en los canjes de 2005 y 2010.
El pago de 2016 permitió que el fallecido juez Thomas Griesa levantara las cautelares que impedían al país pagarles al resto de los bonistas que sí habían entrado en los canjes de 2005 y 2010. De esa manera, ese año el país salió del default técnico en el que estaba. Además, se firmaron nuevos acuerdos que eliminaron juicios en Nueva York, lo que explica que el monto total pagado ascendiera luego a US$11.000 millones para 2019.
Sin embargo, quedó un pequeño remanente de holdouts que mantuvieron la demanda vigente contra la Argentina. Eran aquellos que no entraron en los canjes de 2005 y 2010, ni aceptaron la propuesta realizada por el gobierno de Macri.
Pese a que la Argentina había logrado con los sucesivos canjes más de un 97% de aceptación de los tenedores de deuda en default en 2001, que hubiese fondos buitre que seguían litigando contra el país popularizó luego en el mundo financiero las cláusulas de acción colectiva (CAC). Este instrumento establece que si el país deudor efectúa una oferta de canje en la cual consigue la aceptación de una mayoría considerable, la propuesta se hace extensible al 100% de los acreedores de forma automática.
LA NACION
