Más allá de la intervención de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC), que dictó una medida preventiva que suspende los efectos de la compra de Telefónica por parte de Telecom, la transacción también está siendo analizada por el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), al que recurrió la operadora Claro para objetar distintos aspectos técnicos y pedirle que deje sin efecto la operación.
Según los escritos a los que tuvo acceso LA NACION, la primera presentación a cargo de la compañía se realizó el 21 de marzo último y se centró en tres supuestas infracciones que se habrían cometido en el proceso de compra-venta.
En primer lugar, señalaron que en los hechos se habría ejecutado una “transferencia de las autorizaciones precarias de uso del espectro sin la autorización previa del Enacom, como dicta la Resolución 682/2023″.
Por otro lado, añadieron que se habría ejecutado una transferencia de 130 MHz de espectro radioeléctrico a Telecom, que estaría “imposibilitada legalmente de adquirir ese espectro” por encontrarse utilizando el “máximo acumulable conforme la Resolución N° 171/2017″.
Por último, según Claro, se habría ejecutado una compraventa de acciones que resultó en el cambio del control de Telefónica Móviles a favor de Telecom sin la autorización previa de Enacom, tal como requiere el artículo 13 de la Ley Argentina Digital N° 27.078.
El apoderado de Claro, Juan Pablo Tognetti, volvió a presentarse ante el Enacom el 27 de marzo para que se sume a la investigación la asamblea de Telefónica llevada a cabo el 25 de marzo y en la que fueron refrendadas las nuevas autoridades designadas por Fintech (David Martínez) y CVH (accionistas del Grupo Clarín), es decir, el CEO Gabriel Speratti, y los directores Pablo Esses (presidente), Sergio Daniel Fichera, Claudio Alejandro Ukaski y Juan Facundo Genis.
“Es decir, como nuevo accionista de control de Telefónica Móviles, Telecom ha avanzado con la designación de funcionarios de su confianza para el ejercicio de los mandos ejecutivos de Telefónica Móviles, todo lo cual constituye un nuevo hecho gravísimo cometido por Telecom en franca violación del marco normativo aplicable que exige la autorización regulatoria en forma previa a la ejecución de la transacción”, dijeron.
En este sentido, Claro insistió en que el Enacom “intime de forma urgente” al vendedor TLH Holdco S.L.U. y a Telecom y Telefónica Móviles, en un plazo perentorio de 10 días corridos, “a dejar sin efecto la transacción y se la someta al pedido de autorización previa del ente, y consecuentemente TLH Holdco S.L.U. retome el control como accionista de Telefónica Móviles, bajo apercibimiento de revocación de la Licencia TIC de telecomunicaciones, registros y autorizaciones que se encuentren a nombre de Telefónica Móviles”.
Según el artículo 13 de la Ley 27.078, los licenciatarios deben obtener autorización del Enacom para efectuar cualquier modificación de las participaciones accionarias o cuotas sociales en las sociedades titulares que impliquen la pérdida del control social.
Las transferencias de licencias y de participaciones accionarias o cuotas sociales sobre sociedades licenciatarias se consideran efectuadas ad referéndum de la aprobación del Enacom, y deben ser comunicadas dentro de los 30 días posteriores a su perfeccionamiento.
Si el Enacom no hubiera rechazado la transferencia dentro de los 90 días de comunicada, se entenderá aprobada tácitamente, y quien corresponda podrá solicitar el registro a su nombre. En caso de existir observaciones, el plazo referido se contará desde que se hubieran considerado cumplidas las mismas, con los mismos efectos.
Por otro lado, Claro también se presentó la semana pasada como testigo ante el Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia. “Si se aprueba la transacción, Telecom tendría más del 70% del mercado de telefonía móvil en la ciudad de Buenos Aires y el AMBA y 30 puntos más de share en internet al hogar en todo la Argentina, es decir, 5 millones y medio de hogares a los que les puede acercar una oferta convergente”, explicó Alejandro Quiroga Lopez, director de Asuntos Regulatorios e Institucionales de Claro Argentina, Uruguay y Paraguay, y sumó que “va a haber 300 localidades de interior país con concentración, lo que es un problema para los consumidores”.
Desde el 7 de marzo pasado -día en que Telecom hizo la presentación- corren los plazos y el Tribunal debe decidir dentro de los 45 días si autoriza la operación, la somete al cumplimiento de las condiciones que el mismo Tribunal establezca o la rechaza.
