El gobierno de Nicolás Maduro dispuso la reducción de la jornada laboral en la administración pública a solo tres días por semana y 4 horas y media diarias, en un intento por mitigar la crisis energética que atraviesa Venezuela a raíz de la fuerte sequía que afecta a los embalses generadores de electricidad. La medida, que comenzó a regir este lunes y se extenderá por seis semanas, fue anunciada como respuesta a una “emergencia climática” y dejará la carga horaria estatal en 13,5 horas semanales, un tercio de las 40 horas establecidas.
El recorte en los horarios laborales alcanzará únicamente a los empleados públicos y no incluye al sector educativo, donde la actividad ya se encuentra fuertemente resentida por el éxodo de maestros. Según estimaciones de sindicatos y docentes, cerca del 70% de los educadores abandonó las aulas en los últimos años, migrando al sistema privado o directamente fuera del país, a raíz de salarios que rondan los 40 dólares mensuales en promedio. Esta situación derivó en que, previo a la disposición del gobierno, muchos establecimientos públicos dicten clases solo tres veces a la semana, de forma intermitente.
La medida oficial se aplicará durante los lunes, miércoles y viernes, entre las 8 y las 12.30, con la posibilidad de extenderse si la crisis hídrica no se resuelve en el plazo previsto. El deterioro del sistema eléctrico venezolano, que arrastra años de fallas estructurales, se agravó por la caída del caudal en los principales embalses hidroeléctricos y termoeléctricos del país.
Pese a las fuertes inversiones anunciadas por el gobierno en el pasado, las obras de mantenimiento y modernización nunca se concretaron y, según denunció la organización no gubernamental Provea, la generación eléctrica hoy funciona “al 80% por debajo de su capacidad”.
Oscar Murillo, director de Provea, advirtió que la transmisión de energía también opera al límite, lo que obliga a las autoridades a recurrir nuevamente a planes de racionamiento como única alternativa para evitar apagones generalizados. En ese marco, la reducción de la jornada laboral se suma a los antecedentes de emergencia vividos por el país, como la severa crisis energética de hace una década y las restricciones impuestas durante la pandemia de Covid-19 entre 2020 y 2022.
En ese marco, el economista José Guerra consideró que esta decisión agravará la recesión que atraviesa la economía venezolana. Así, tras registrar un repunte el año pasado, Guerra prevé que en el actual período se registrá una caída severa de la actividad, empujada también por las nuevas sanciones internacionales.
A la situación interna se sumó la reciente decisión de Estados Unidos de aplicar un arancel del 25% a cualquier país que comercie petróleo o derivados con Venezuela, lo que representa un nuevo golpe para las finanzas de un gobierno que depende fuertemente de los ingresos por exportación de crudo.
Al respecto, el economista Carlos Rossi calificó a la medida tomada por el gobierno de Donald Trump como el embargo más fuerte impuesto contra Venezuela desde 1902, cuando las potencias europeas bloquearon los puertos venezolanos para forzar el pago de la deuda externa. En este caso, la medida de la Casa Blanca afectará directamente la principal fuente de divisas del país.
Así, la baja producción energética y el freno a las exportaciones petroleras complican el cuadro económico de Venezuela, que continúa inmersa en una crisis con alta inflación, caída del consumo y un notable éxodo migratorio.