El presidente Javier Milei reconocerá como crimen de lesa humanidad, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el atentado del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) a la familia del capitán Humberto Viola. Así lo anunció este lunes el vocero presidencial, Manuel Adorni. La decisión se tomó junto a la desclasificación total de los archivos de la SIDE sobre el accionar de las Fuerzas Armadas durante la última dictadura militar.
El 1° de diciembre de 1974, miembros del ERP atacaron el vehículo que conducía el militar, acompañado de su esposa María Cristina «Maby» Picón y sus hijas María Cristina de tres años y María Fernanda de cinco, al llegar a la casa de sus padres.
El capitán Viola fue asesinado junto a su hija María Cristina, de tan solo 3 años, mientras que María Fernanda resultó herida gravemente con disparos en la cabeza por lo que debió ser sometida a ocho operaciones.
«Fuimos rodeados por 3 coches con hombres del ERP que comenzaron a ametrallarnos. Mi papá, para resguardarnos, se bajó del auto y se alejó, para atraer los disparos hacia él. Empezó a correr hacia una esquina, ya con una herida de bala, y ahí lo remataron con un tiro por la espalda. También mataron a mi hermanita, María Cristina, que tenía tres años. Yo recibí un tiro en la cabeza, una bala que se había colado por la ventanilla. Las esquirlas me dieron en el nervio óptico. Quedé inconsciente. La única persona que salió ilesa fue mi mamá. Yo sobreviví gracias a ella: mi mamá me levantó, yo estaba llena de sangre, pero ella no sabía de dónde me salía», contó María Fernanda el año pasado en el primer video que difundió el Gobierno de Milei por el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia.
En el mismo posteo del Ejecutivo del año pasado, la hija sobreviviente al ataque también relató las secuelas que le dejó el atentado. “Me faltan huesos en la cabeza, padezco una disminución visual grande, producto del atentado. La bala toco el nervio óptico, tengo problemas en el campo visual. Me atendí en Tucumán. Dios hizo lo suyo, pero los médicos me salvaron la vida», relató María Cristina.
Tras el atentado contra Viola, el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT), el brazo político del ERP, emitió una declaración pública donde calificó la muerte de su hija María Cristina y las heridas a María Fernanda como «un exceso injustificable».
El grupo que realizó el atentado estaba al mando de Hugo Irurzun junto a otros miembros del ERP: Francisco Antonio Carrizo, José Martín Paz, Rubén Jesús Emperador, Fermín Ángel Nuñez, Miguel Norberto Vivanco y el sueco Svante Grände.
La Justicia condenó por los homicidios del capitán Viola y de María Cristina, y de la tentativa de homicidio contra María Fernanda a reclusión perpetua a Paz, Emperador, Núñez y Vivanco a finales del año 1976 y a Carrizo a fines del año 1982.
Paz, Carrizo, Emperador y Núñez estuvieron detenidos a disposición del Poder Ejecutivo hasta que esa orden fue dejada sin efecto por el decreto secreto 382 del 17 de febrero de 1983.
El capitán Viola fue asesinado junto a su hija de 3 años en 1974.Debido a la ley 23.070, la reclusión perpetua estaba limitada a un máximo de 20 años y además cada dos días de prisión se computaba como tres, por lo que Carrizo, Paz y Emperador quedaron en libertad condicional en diciembre de 1988 y Núñez en julio de 1989.
Vivanco había fallecido en 1980 e Irurzún murió el 18 de septiembre de 1980 en Asunción del Paraguay por la policía paraguaya que lo buscaba por su participación en el asesinato de Anastasio Somoza Debayle ocurrido ese día. En tanto, Grande fue muerto durante su actividad guerrillera, era teniente del ERP, en el monte tucumano en 1975. Carrizo falleció a fines de 1982. En 1990 fueron indultados por Carlos Menem.
«Como si esto fuera poco, las familias de los asesinos cobraron indemnización de acuerdo a la Ley 2.443 por haber estado detenidos durante el estado de sitio», relató el vocero presidencial en su anuncio.
Efectivamente, algunos de los miembros del ERP que participaron del ataque al capitán Viola fueron indemnizados como víctimas del accionar de las autoridades dictatoriales: Carrizo con $12.506.637; Emperador con $12.640.603 más otros $ 4.420.352; Núñez con $13.191.339 y Paz con $11.863.513, todos montos actualizados a noviembre de 2020.
Juan Bautista «Tata» Yofre, quien fue secretario de Inteligencia a fines de los 90, fue uno de los protagonistas del posteo del año pasado del Ejecutivo titulado «Día de la Memoria por la Vdad y la Justicia Completa», donde se plantea la idea de que la historia de la violencia de los 70 y la última dictadura «no se contó de manera completa» y sostuvo que fue por presuntos intereses económicos: apuntó contra el ex secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde, a quien señalo junto a su socio Rodolfo Ortega Peña de ser los abogados del ERP y los acusó de quedarse con «cifras enormes de dinero»,
El capitán Viola, asesinado en 1974 por el ERP.Yofre acusa a los organismos de derechos humanos de la nación de «haber cobrado el diezmo» que recibían los familias de las víctimas del terrorismo de Estado.¿cómo iban a condenar al terrorismo, si el terrorismo estaba en el gobierno de Kirchner?», pregunta el ex funcionario.
Allí señala que el gobierno del fallecido expresidente «terminó abajo con todo» y enumera el indulto del presidente Carlos Menem y las leyes de punto final y obediencia debida de Raúl Alfonsín años antes. En el video, además, sostiene que «los terroristas» e «ideólogos» de la guerrilla argentina integraron el gobierno kirchnerista.
En el corto que la Rosada difundió el 24 de marzo de 2024, la hija del capitán Viola también apunta a la gestión kirchnerista por haber prohibido los homenajes a su padre en el cementerio donde se encuentra enterrado. «Yo creo que con la verdad completa se van a sanar muchas heridas», concluye la mujer en su mensaje final.
María Cristina Picón, viuda de Viola, inició ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con el patrocinio del Dr. Javier Vigo Leguizamón, la denuncia por la violación del Estado Argentino de los derechos a la vida, a la igualdad ante la ley, a las garantías judiciales, y a la Protección Judicial, contemplados en los artículos 4, 8, 24, y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos , e igualmente del art. 3 común de las Convenciones de Ginebra de l949, que resguardan la dignidad de las personas en los conflictos armados, estableciendo que no se puede atacar, ni atentar, contra los civiles inocentes, en ningún tipo de conflicto armado, sea nacional o internacional.
Luego de un extenso derrotero judicial, en 2016 realizó una presentación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) buscando que el asesinato de su esposo y su hija sean considerados delitos de lesa humanidad y que se reabra la investigación.
Sin embargo, en 2021,mientras se encontraba en su lucha por que se cancele el indulto a los responsables del ERP del crimen de su marido y su hija, falleció a los 73 años.
La hija del capitán Viola durante un acto con el ministro de Defensa, Luis Petri, en 2024.En 2022, la administración de Alberto Fernández sostuvo ante la CIDH que este crimen no constituía un delito de lesa humanidad y que, por lo tanto, era prescriptible.
En diciembre de 2024, el ministro de Defensa, Luis Petri, encabezó un acto en homenaje al capitán Humberto Viola.
Ahora, mediante el Acuerdo de Solución Amistosa arribado entre el Gobierno de Milei y la familia el Gobierno reconoce la responsabilidad internacional de Argentina por la violación de los derechos alegados en la petición, admitiendo que el atentado «se produjo en el marco de un conflicto armado interno que fue clara y públicamente reconocido por el ERP, constituyendo un crimen de lesa humanidad», escribió la hija sobreviviente del ataque en una carta difundida este lunes.
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El spot plantea la mirada del oficialismo sobre el terrorismo y cómo fueron juzgados sus responsables.
«Revisando la posición anteriormente asumida por el gobierno del Dr. Alberto Fernández , ha considerado que el rechazo a la denuncia formulada por mi familia, efectuado por tal administración, obedeció a una visión sesgada e ideologizada que no se condice con el objeto y fin de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en tanto niega el derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación de las víctimas del caso. Se ha comprometido también a someter a consideración del Poder Legislativo de la Nación, un proyecto de ley que declare la imprescriptibilidad de los crímenes de las organizaciones terroristas. Homologado que sea el acuerdo por la CIDH, requeriremos ante la justicia argentina el juzgamiento de los autores directos y mediatos, que no fueron condenados«, concluyó María Fernanda Viola en su misiva.
Según adelantó el vocero presidencial, el Gobierno acompañará el pedido de justicia de la familia Viola, instruyendo a la Secretaría de Culto y Civilización de la Cancillería Argentina, para que reconozca ante la CIDH que este crimen debe ser considerado un delito de lesa humanidad, ocurrido en el marco de un conflicto armado interno.
