Tras los escándalos de las últimas sesiones, Martín Menem vuelve a la carga para modificar el reglamento de Diputados. Silvia Lospennato (PRO), que conduce la comisión de Peticiones Poderes y Reglamentos, convocó a una reunión para empezar a discutir los proyectos que hay sobre el tema la semana que viene. Las cuestiones de privilegio son el principal foco en la mira.
La reunión fue convocada para el jueves a las 14. «Era algo pendiente para este año», señalaron desde la Cámara. Hace tiempo ya que Menem y el oficialismo quieren hacer cambios que les permitan tener mayor control de las sesiones y acelerarlas.
Desde la comisión indicaron que será una reunión «informativa», no para dictaminar y que se van se van a presentar los proyectos con estado parlamentario que hay hasta el momento, que son cuatro. «Es parte de la competencia de la comisión y la idea desde la Presidencia es comenzar la discusión del tema», señalaron.
Tres de las cuatro iniciativas en discusión giran en torno a un tema clave: las cuestiones de privilegio. Un mecanismo contemplado para que los legisladores denuncien la violación de los fueros o privilegios propios o del cuerpo que la Constitución le asigna a los legisladores.
Lo cierto es que se volvieron un vicio y suele haber horas de cuestiones de privilegio pedidas para expresarse sobre cuestiones políticas y de agenda que no tienen nada que ver con los proyectos que se van a tratar. Como están contempladas, por reglamento, para el inicio de la sesión demoran el arranque del debate de las leyes. A su vez, suelen ser los detonantes de los principales cruces entre legisladores.
«Hay una molestia generalizada con este tema. Es cierto que también se vuelve una forma para que los bloques minoritarios podamos decir algo, en el marco de que no hay sesiones ordinarias se buscan los espacios que aparecen para poder hacer planteos. También es una estrategia del oficialismo para restringir los tiempos que se utilizan», sentencia un diputado opositor.
Hay proyectos que proponen mudar las cuestiones de privilegio al final de la sesión, una vez que se hayan terminado de votar las leyes. Otros, directamente buscan reformular el concepto o crear otras figuras.
Lospennato tiene un proyecto junto a otros miembros del PRO que crea la posibilidad de que, al inicio de las sesiones, cada uno de los bloques políticos pueda hacer «consideraciones políticas que les resulten pertinentes respecto a temas de actualidad». El tiempo, plantea, no será igual para todos sino proporcional a la cantidad de integrantes de cada bloque.
Por ejemplo, un monobloque o bloque de hasta tres diputados puede usar hasta 5 minutos, mientras que una bancada de más de 20 legisladores tendría 20 minutos.
«Con esta propuesta lo que buscamos es reemplazar y evitar el uso y abuso de las cuestiones de privilegio para el planteo de cuestiones políticas o personales que nada tienen que ver con la defensa de los fueros parlamentarios», fundamenta.
El texto de Lospennato también propone enviar al final de la sesión los homenajes para que se traten una vez que se hayan votado las leyes.
El proyecto de La Libertad Avanza, que encabeza Alejandro Bongiovanni, pide una mecánica «productiva, ágil y funcional» y propone que las cuestiones de privilegio sean tratadas al final del plan de labor, es decir después de que se voten las leyes del temario del día.
«Habitualmente se utiliza para tomar la palabra sobre cualquier cuestión o hecho político de coyuntura», sentencia y cita el antecedente de la legislatura donde se puso en práctica.
El diputado del PRO, Martín Marquieyra, cambia las cuestiones de privilegio por «cuestión de garantías».
Para plantearlas, estipula, «los diputados dispondrán de tres minutos, y será requisito inexcusable la identificación del autor de la vulneración motivo del planteamiento, la definición precisa de la conducta impugnada y que la misma enmarque razonablemente en la normativa constitucional que le da sustento».
En el temario de la reunión también figura un proyecto de la Coalición Cívica que propone que en el inicio de la sesión » y con la finalidad de evitar posibles conflictos de intereses» los legisladores deban «comunicar a la Cámara los intereses privados que tengan en relación a los proyectos incluidos en la sesión».
El texto recuerda que en la regulación actual del régimen de declaraciones juradas, los antecedentes laborales se encuentran en el anexo reservado.
