La ministra de Seguridad Patricia Bullrich anunció este lunes que ya se envió al Congreso el proyecto de Ley Antibarras, a través del cual se crea la figura de la asociación ilícita futbolística, con el que buscan ampliar los delitos en relación a espectáculos deportivos y “los negocios” que rodean estas actividades.
La funcionaria precisó en conferencia de prensa que la iniciativa amplía los hechos que pueden considerarse delitos y busca apuntar contra el financiamiento de los barrabravas.
“Esta ley nos permite avanzar sobre un tipo de violencia y organización que le hace muy mal a la Argentina”, enfatizó la ministra quien recientemente vinculó a barrabravas asociados a intendentes del Conurbano, como Fernando Espinoza (La Matanza) y Federico Otermín (Lomas de Zamora), como organizadores de la movilización del último miércoles al Congreso.
En este sentido, sostuvo que las barras “muchas veces se alquilan por dinero, son custodia, generan custodias en lugares de la economía informal, se meten en negociados de camisetas, de entradas y cantidad de cosas que generan y plantean un clima de apriete permanente”.
“Castigamos los mecanismos que lo que hacen es generar un tipo de financiamiento en muchos casos avalados por las conducciones de los clubes”, comentó Bullrich al brindar detalles del proyecto.
Bullrich dijo que se castigará a los dirigentes de los clubes que facilitan entradas a las barras, así como a aquellas autoridades que “les alquilan micros, que permiten estas acciones violentas o que facilitan la entrada de elementos contundentes o armas a las canchas”.
En este sentido, puntualizó que la nueva figura de asociación ilícita del fútbol le caberá también a los organizadores de espectáculos. “Hemos encontrado en muchas ocasiones armas de fuego, armas blancas y otro tipo de armas que pasaron sin que nadie supiese los controles o que en definitiva estaban adentro (de las canchas) días antes”, comentó.
Además, detalló que continuarán con el mecanismo de inhabilitación administrativa para las personas que están imputadas o las que generan conductas violentas. “No van a poder ingresar a los estadios. Esta autoridad que hace unos años estaba en cabeza de los clubes, desde el 2016 está en cabeza del Estado”, recordó.
