A través del Boletín Oficial, el Poder Ejecutivo promulgó hoy la Ley 27.786 dedicada a combatir a las organizaciones criminales, mejor conocida como «Ley Antimafias». Esta ley fue aprobada en el Senado el jueves 20 de febrero, durante el período de extraordinarias.
Con el decreto 177/2025 que entró en vigencia y lleva la firma del Presidente Javier Milei, el Jefe de Gabinete Guillermo Francos, y el Ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona, permitirá que esta ley aumente las penas para los integrantes de las organizaciones criminales. También busca como objetivo su desbaratamiento en su accionar.
Según el artículo 1° de la publicación, tiene como objetivo de darle al Estado las herramientas necesarias para poder investigar y sancionar a las organizaciones críminales.
Es decir, que según la norma, todo grupo de tres o más personas que en un determinado tiempo y en áreas geográficas determinadas y con ciertas modalidades operativas, y con un fin de cometer delitos especialmente graves, serán considerados como una organización a la que se le aplicará esta ley con fuerza.
Uno de los cambios que propuso esta ley, corresponde a la identificación de delincuentes a partir de la reiteración de delitos en un mismo territorio.
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La Ministra buscará adjudicar los crímenes a todos los integrantes de la banda criminal involucrada.
Otra de las novedades de esta ley es que permite que ciertas zonas sean declaradas como «sujetas a investigación especial». Esto va a permitir que las fuerzas federales y provinciales puedan intervenir en operativos coordinados con la Justicia, intervenir teléfonos, incautar mercadería vinculada, y confiscar bienes que tengan relación con la actividad delictiva.
Por su parte, el artículo 6° permitirá que se podrá «detener a una persona hasta por cuarenta y ocho (48) horas por una averiguación por la comisión de los delitos», con la previa «autorización del Ministerio Público Fiscal y siempre que exista urgencia fundada, dando aviso inmediato a la autoridad judicial competente».
La legislación también advierte que «será reprimido con reclusión o prisión de ocho (8) a veinte (20) años el que tomare parte, cooperare o ayudare a la formación o al mantenimiento de una asociación ilícita».
Además, se elimina la diferenciación de las penas según el rol que haya tenido una persona dentro de esa agrupación criminal. Esto hará que todos los integrantes tengan la misma condena, independientemente de si tuvo mayor o menor participación.
Esta ley tuvo su aprobación en el Senado con 38 votos a favor del oficialismo, de la oposición dialoguista y de los integrantes del Frente de Todos Marcelo Lewandowski (por Santa Fe) y Carolina Moisés (de Jujuy). El resto de la bancada kirchnerista se había ido del recinto antes de la definición.
Esta medida había sido celebrada por la Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien había celebrado la medida en redes sociales.
Por su parte, en la Cámara de Diputados había obtenido su media sanción con 137 votos afirmativos, 92 negativos y sin abstenciones en Octubre de 2024, junto con el proyecto de «Regularización de Armas de Fuego y prórroga del Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego».
