El Gobierno anunció este jueves que cierra el Instituto Nacional del Cáncer y que sus funciones las absorbe el Ministerio de Salud. Desde el área a cargo de Mario Lugones adujeron que la medida forma parte de una reestructuración por duplicidad de tareas en el Estado. «No afectará la continuidad de ningún programa», sostuvieron.
En el comunicado difundido este jueves, el Ministerio de Salud indicó que la medida apunta a «tener un mayor control de las acciones y cumplir con sus funciones de una manera más eficiente».
La cartera que lidera Lugones informó que existían «programas y estructuras duplicadas». Y que, luego de hacer un relevamiento en el Instituto, detectaron problemas logísticos, medicamentos que se entregaban muy cerca de su fecha de vencimiento y compras «ineficientes».
Las funciones que cumplía el Instituto Nacional del Cáncer serán absorbidas por otras estructuras del Ministerio de Salud.
Entre las estructuras duplicadas, el comunicado menciona los Programas Nacionales de Control y Prevención de distintos tipos de Cáncer, cuyas tareas, argumenta, «ya están contempladas en las funciones de la Dirección nacional de Abordaje Integral de Enfermedades No Transmisibles». Por otro lado, se refiere también al Sistema de Vigilancia Epidemiológica y Reporte del Cáncer que, según el Ministerio de Salud, realiza las mismas tareas que la Subsecretaría de Vigilancia Epidemiológica.
El comunicado apunta a otros motivos para la «absorción». Afirma que se detectaron compras de medicamentos que no se ajustaban a los cambios en la demanda, y apunta a una en particular, del año 2023, en el que se adquirieron opioides “sin criterio de cantidad o precio”. Los medicamentos se terminaron venciendo y, de acuerdo a la cartera que maneja Lugones, hubo que descartar «400.000 unidades de morfina vencida por una mala planificación».
Desde el Ministerio de Salud recalcaron que la medida no afectará la continuidad de ninguno de los programas que garantizaba el Instituto Nacional del Cáncer. Se trata únicamente, dijeron, de un «cambio administrativo» que busca corregir problemas, optimizar procesos de compra y «mejorar la calidad de la atención al paciente oncológico».
El Instituto Nacional del Cáncer, tal como funcionaba hasta ahora, había sido creado por decreto en septiembre de 2010, en el primer gobierno de Cristina Kirchner y con Juan Manzur como ministro de Salud. Su última directora fue María Verónica Pesce, quien fue designada en 2021 durante el gobierno de Alberto Fernández.
Entre sus tareas se encontraban el apoyo a «la investigación, capacitación y distribución de la información médica, así como otros programas relacionados con las causas, diagnóstico, prevención y tratamiento del cáncer», además del apoyo a «los programas de rehabilitación del cáncer y atención continua de pacientes con cáncer y su entorno familiar».
En noviembre de 2016, el Congreso le dio fuerza de ley al Instituto, como un «organismo descentralizado de la Administración Pública Nacional con personería jurídica propia, y con un régimen de autarquía funcional, administrativa, económica y financiera, en jurisdicción del Ministerio de Salud de la Nación». Según la Ley 27285, sus fondos provenían del Presupuesto, de venta de publicaciones y servicios, aportes de provincias, municipios y otras dependencias, de donaciones y «otros recursos específicos».
El cierre del Instituto Nacional del Cáncer llega en el contexto de los recortes y reestructuraciones que había anunciado el Ministerio de Salud a mediados de enero.
En esa ocasión, la cartera de Lugones tomó la decisión de no renovar 1.400 contratos de empleados pertenecientes a distintas entidades del sector, incluyendo al PAMI, la Superintendencia de Servicios de Salud, Sedronar, los hospitales Español, Bonaparte, Sommer, Posadas, entre otros, además del ahora extinto Instituto Nacional del Cáncer.
La medida se tomó «en el marco de reestructuración que se está llevando adelante en función del reordenamiento de sus competencias y del redireccionamiento de las políticas sanitarias».
El caso más emblemático es el del Hospital Bonaparte, que fue intervenido a fines de enero luego de que 200 trabajadores fueran despedidos. Al igual que con el cierre del Instituto Nacional del Cáncer, en esa oportunidad y en el marco del plan de reestructuración, desde Salud sostuvieron que existió un mal manejo de fondos y que buscaban «asegurar el normal funcionamiento y la continuidad de los servicios y de los tratamientos de los pacientes».
