Es invisible para el consumidor, pero es parte de la vida cotidiana tanto como ir al supermercado. De hecho, está en cada góndola. Un impuesto que se aplica en las diferentes etapas de la producción, distribución y comercialización de un producto y que, por esa y otras varias razones tiene una mala reputación de vieja data, es el señalado como el que con mayor fuerza impacta en los precios de los bienes y servicios ofrecidos por las empresas.
Se trata de Ingresos Brutos, una carga que, dado su carácter jurisdiccional (depende de las provincias y de la Ciudad de Buenos Aires) no podría ser modificado por una reforma impositiva analizada y eventualmente aprobada por el Congreso Nacional. Más allá de eso, la problemática que implica esta imposición está cada vez más presente en la agenda pública.
Sobre ese aspecto, y tal como ocurrió en años previos, más de la mitad de los más de 100 CFO y especialistas de impuestos de compañías que participaron de una encuesta de la consultora KPMG Argentina apuntó contra esa carga. Concretamente, el 54,4% afirmó que Ingresos Brutos es el impuesto que con mayor fuerza impacta en los valores de comercialización. Le siguieron –bastante de lejos- Ganancias, con el 14,6% de las menciones; el IVA, con el 11,6%, y el gravamen sobre los créditos y débitos bancarios (impuesto al cheque), con el 5,8% de las respuestas.
Según los resultados del reciente relevamiento, un tercio de las medianas y grandes empresas participantes afirmó haber restringido operaciones de ventas en determinados lugares del país, dado el peso de las cargas fiscales. Las provincias mencionadas fueron Misiones, Tucumán, Córdoba y Santa Fe.
De acuerdo con un informe del Ieral-Fundación Mediterránea, elaborado con datos de la Dirección Nacional de Asuntos Provinciales (DNAP), es en Misiones donde se da la presión tributaria por Ingresos Brutos más alta del país: entre enero y septiembre de 2024 la recaudación representó el 7,5% del producto bruto provincial. La Ciudad de Buenos Aires tiene el segundo puesto, con 5,5%, en tanto que Tucumán ocupó el quinto puesto, con el 5,1% de su producto. Córdoba y Santa Fe se ubicaron a mitad de tabla en el ranking por jurisdicciones, con 3,7% de su producto.
Según el dato consolidado para todo el país, la presión de Ingresos Brutos se mantiene en alrededor de 4% del PBI desde 2013, tras un camino de suba que lo llevó hasta allí a partir del índice de 1,9% de 2000.
Consultados respecto de en qué lugares serían más caros los productos si se determinaran los precios en forma diferenciada según la carga impositiva, los directivos indicaron mayoritariamente que el primer lugar lo ocuparía la provincia de Buenos Aires; luego, Misiones, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Tucumán y Córdoba.
El carácter “plurifásico” de Ingresos Brutos significa que estén gravadas todas las etapas de la cadena de producción y comercialización y también, por ejemplo, las operaciones de financiación que pueda haber en el camino. Además, existe un “efecto cascada”, porque el monto del impuesto aplicado en una etapa de la producción está incorporado en la base imponible del próximo paso. Es decir, se aplica impuesto sobre impuesto. Al quedar todo ese costo a cargo del consumidor, y como quienes mayor porcentaje de sus ingresos dedican a comprar bienes son las familias en condición de pobreza, también resulta que se trata de una carga regresiva.
“Es bastante improbable el éxito de una reforma fiscal profunda con foco en la productividad y el desarrollo, sin apuntar a readecuar Ingresos Brutos y a moderar fuertemente la superposición de regímenes de recaudación provinciales”, analiza Fernando Quiroga Lafargue, socio de Impuestos Corporativos de KPMG en Argentina.
El último aspecto mencionado por Quiroga Lafargue lleva a un problema no menor. Según el informe de la encuesta, el 82% de las firmas que respondieron tiene saldos a su favor por Ingresos Brutos, algo que se traduce en que hay recursos propios de los que no pueden disponer. Los saldos se producen por la multiplicidad y complejidad de los sistemas de recaudación, y en el 28,2% de las empresas superaban, al hacerse la encuesta, los $150 millones.
De manera previsible, para los entrevistados por KPMG la iniciativa prioritaria en cuestiones impositivas –dentro de un menú que se les presentó– debería ser “el replanteo de Ingresos Brutos”, para su reemplazo por “figuras que busquen mayor equidad” y que midan la capacidad contributiva (un rasgo del que carece el impuesto provincial).
Esas y otras cuestiones del marco fiscal llevaron a que el 37% de las compañías que fueron parte de la muestra se vieran “obligadas a desinvertir” (el porcentaje se redujo respecto del 43% del relevamiento del año previo). Para poco más del 56% el entorno tributario no tuvo incidencia en las inversiones para los negocios habituales, en tanto que siete de cada 100 dijeron que les permitió una expansión.
Vinculado con las condiciones que definen ese marco fiscal, dos tercios de los consultados afirmó ver al RIGI (el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones, aprobado por ley durante el año pasado) como un régimen que tiene el atractivo suficiente para captar inversiones. Un tercio, en cambio, no cree que ese sistema pueda ser exitoso.
En cuanto a uno de los aspectos de la ley 27.743, de Medidas Fiscales Relevantes y Paliativas, cuatro de cada diez consultados afirmó que el régimen del blanqueo de bienes que no habían sido debidamente declarados será “muy exitoso”, en tanto que la mitad consideró que resultará “moderadamente exitoso”, y un 7% dijo percibir que será “poco exitoso”.
