La Justicia de Estados Unidos rechazó este lunes el pedido de una ONG local para revocar el fallo por la nacionalización de YPF. De esta forma, queda firme la sentencia que obliga a la Argentina a pagar US$16.100 millones a los fondos Burford y Eton Park por el modo en que fue estatizada la petrolera, en 2008.
La presentación la había hecho la organización civil Republican Action for Argentina (RAFA), litigante y participante de distintos procesos judiciales en cortes internacionales en los que están en juego intereses argentinos.
El nuevo fallo fue confirmado por Sebastián Maril, especialista que sigue las demandas contra Argentina en tribunales internacionales y conoce los entresijos de la Justicia estadounidense. “Preska rechaza el pedido de RA4ARG de anular el fallo YPF”, señaló en su cuenta de X.
Según señaló Clarín en febrero pasado, RAFA se presentó en el juzgado de Preska con información y documentos sobre la supuestamente fraudulenta compra en 2008 del 25% de las acciones de YPF por parte del Grupo Petersen, de la familia Eskenazi, en connivencia delictiva con el matrimonio Kirchner, del que se sospecha fue su testaferro.
El abogado argentino Fernando Irazu presentó en el juzgado de Nueva York una Moción de la Regla 60 -instrumento procesal para pedir la anulación de una sentencia- que contiene la denuncia que Elisa Carrió hizo en Comodoro Py en 2006 por el supuesto vaciamiento de YPF para luego comprar más baratas sus acciones, y las sucesivas ampliaciones en 2012 y 2023, en las que acusa a los Kirchner de haber convenido con Eskenazi la captura de las acciones de la petrolera.
El 2023, Preska condenó al Estado argentino por la decisión en 2012 de expropiar a la española Repsol el 51 % de las acciones en YPF sin hacer una oferta pública de adquisición de títulos a otros accionistas minoritarios de la mayor petrolera de Argentina.
Burford y Eton Park reclamaron en el juicio millonarias compensaciones alegando que el Estado argentino debió lanzar una oferta pública de adquisición por el resto de las acciones que no pertenecían a Repsol.
Argentina argumentó durante el juicio que la ley de nacionalización de YPF aprobada por el Parlamento en 2012 por impulso del entonces Gobierno de Cristina Kirchner le impedía al Estado adquirir acciones adicionales.
En su presentación, Republican Action for Argentina pidió la jueza la suspensión del proceso, la nulidad del fallo y que se inicie una investigación criminal contra los demandantes y el resto de las partes involucradas, incluyendo, entre otros, a la expresidenta y a la familia Eskenazi.
Según denuncia la fundación en su presentación, en 2008 «la familia Kirchner obligó» a Repsol a vender «un 25 % de YPF a la familia Eskenazi», la cual, después de la nacionalización de 2012, no pudo afrontar el pago de los préstamos tomados para ingresar a YPF y las empresas del grupo Petersen quebraron en España.
