El Consejo Directivo del INTA, en donde participan entidades del agro y las autoridades del organismo que representan a la Secretaría de Agricultura, aprobó una serie de modificaciones estructurales que responden, en gran parte, a la situación presupuestaria y la motosierra del presidente Javier Milei. Entre las medidas adoptadas, se decidió una reducción de cargos gerenciales y coordinaciones, que representan un “ahorro” de $1400 millones para el organismo, equivalente a la baja de 115 agentes, según un documento al que accedió LA NACION. Para 2025, el INTA tiene asignados $223.000 millones, una cifra menor a los $251.494 millones que se habían planificado originalmente en el proyecto de ley de presupuesto para 2025. En los interiores del Instituto se estima que estos fondos solo alcanzarían hasta septiembre, por lo que pone de manifiesto la necesidad de ajustes en la estructura y el funcionamiento de la institución.
La cuota presupuestaria calculada para llegar hasta septiembre es de $184.000 millones aproximadamente. Según resaltan en el INTA, el capital más importante que tiene el organismo es su fuerza laboral. Lo que significa que alrededor de un 80% del presupuesto se destina en el personal. Ante este escenario, la Dirección Nacional del organismo impulsó una reestructuración administrativa y operativa, con el objetivo de optimizar el uso de los recursos: fue aprobada por el Consejo Directivo del INTA. La propuesta “Integral de Adecuación y Fortalecimiento de los Recursos Humanos del INTA” fue presentada por la Dirección Nacional del organismo y se debatió junto con los directores de los centros regionales, quienes tenían que presentar un plan de eficientización de las agencias experimentales de las provincias.
Si bien en el INTA aclararon que no habrá despidos, se prevé que la dotación de personal en el organismo se reduzca de 6123 a 5720 agentes a finales de 2025, principalmente a través de jubilaciones y retiros voluntarios. Entre todos estos cambios se considera el ajuste presupuestario en los “consultores” y la baja de diez a siete las Direcciones Nacionales Asistentes (DNAs).
El Consejo Directivo del INTA está integrado, más allá del sector público, por entidades del sector agropecuario como la Asociación Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola (Aacrea), Sociedad Rural Argentina (SRA), Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Federación Agraria Argentina (FAA) y Coninagro. Al ser un órgano colegiado, también está conformado por un representante de la Facultad de Agronomía, uno de la Facultad de Ciencias Veterinarias de universidades nacionales, así como tres de parte de la Secretaría de Agricultura, entre ellos está el veterinario Carlos Alberto Vera; su presidente, Nicolás Bronzovich, y la vicepresidenta, María Beatriz “Pilu” Giraudo.
Además, la propuesta integral establece que habría una reducción del 20% de las gerencias dependientes de las DNAs, que llevará, en paralelo, a una baja en los niveles salariales. También se ajustarán coordinaciones clave, como la reestructuración de la Coordinación Nacional de Financiamiento Extrapresupuestario para Proyectos, de nivel 12 a una Coordinación de nivel 8, dependiente de la DNA de Planificación, Monitoreo y Evaluación y sin otra microestructura asociada. Todos estos cambios implican modificaciones salariales.
Se considerará también la reestructuración de la Coordinación Transversal de Ética de nivel 9, a una Coordinación de nivel 8, dependiente de la DNA de Investigación y Desarrollo y sin otra microestructura asociada. Sumado a los cambios en programas, se considerará la baja del Programa de Apicultura, que está en nivel 12, y traspaso de actividades a la actual Red de Unidades Demostrativas Apícolas.
Entre tanto, también se considera la reducción de Redes y Plataformas existentes en la cartera programática: reducir de 44 instrumentos a 20 [redes y plataformas temáticas]. Entre otras se considerarán ajustes en los centros de Investigación: ajuste de Coordinaciones de área a un máximo de dos por unidad y consecuente disminución de nivel 8 a nivel de base de cada agente.
Además, se llevará a cabo la eliminación de la microestructura, jefe de Grupo, en todas las Estaciones Experimentales. A esto se sumará la eliminación de las 75 Plataforma de Innovación Territorial (PIT). Se considerará el cierre de 41 agencias de extensión rural y habrá una redefinición del sistema de Evaluación de Desempeño vigente en el CCT.
Dentro de todo está el cambio de denominación y abordaje de la Agricultura familiar a Producciones Regionales y de Pequeña Escala. Así, en 30 días se evalúa la eliminación de los Centros, estructura de gobernanza y funcionamiento. Estos cambios consideran el cierre EEA AMBA, que dispone su cierre junto a las unidades dependientes: nueve Agencias de Extensión Rural y cinco oficinas de desarrollo local. En rigor, las 92 personas que trabajan allí quedarán sujeto al procedimiento de reestructuración del organismo, sin despidos.
