El Gobierno ya demostró que está dispuesto a estirar al máximo todos los límites institucionales para cumplir el objetivo de nombrar a Ariel Lijo y Manuel García Mansilla. Incluso, la Casa Rosada está dispuesta a dar una cabriola impensada para apelar a un antecedente generado por Raúl Alfonsín, que tiene bien ganado el título de político más odiado por Javier Milei.
Los operadores del oficialismo ya habían comprobado que, aún cuando Lijo había conseguido el dictamen favorable de la Comisión de Acuerdos, el clima político luego del escándalo por la promoción presidencial de la criptomoneda Libra hacía muy difícil que su pliego se aprobara en el recinto del Senado. En el caso de García Mansilla, la situación era más complicada aún, porque su nombre ni siquiera había conseguido apoyos en la Comisión.
Por eso, Milei esperó a que se terminara el período de Sesiones Extraordinarias en el Congreso para, en el breve plazo que queda hasta la apertura del período de Sesiones Ordinarias del sábado, usar la atribución constitucional que le permite hacer nombramientos en comisión mientras el Poder Legislativo esté en receso.
El Presidente tiene pensado retorcer más la interpretación normativa: considera dejar en su cargo hasta la apertura de la próxima legislatura a Lijo y García Mansilla, lo cual les da estabilidad por un año, y luego repetir ese procedimiento para 2026 y para los años subsiguientes, en caso de que el Senado siga sin darles apoyo.
Hay un salto más que los funcionarios involucrados en la operación prefieren callar por ahora. Para asumir en la Corte Suprema, Lijo debe renunciar a su cargo de Juez Federal. Al menos dos jueces de la Corte consideran que no le alcanzará con pedir licencia, y que tendrá que renunciar a su silla en Comodoro Py.
Para ese caso el Gobierno tiene preparada la pirueta mayor. Que Lijo y García Mansilla se integren a la Corte sin prestar juramento ante ese tribunal, como siempre ocurre, y que juren frente a Milei.
Conocedores de la historia judicial le acercaron a la Casa Rosada un antecedente de jueces de la Corte que prestaron juramento ante un presidente de la Nación.
Fue el caso de Genaro Carrió, Carlos Fayt, Enrique Petracchi, Augusto Belluscio y José Severo Caballero, que en diciembre de 1983 juraron como miembros de la Corte Suprema en el cuarto piso del Palacio de Tribunales frente al presidente de la Nación, Raúl Alfonsín. Para darle al acto mayor fortaleza institucional, en el acto estuvo el vicepresidente Víctor Martínez y senadores como Fernando De la Rúa, rival interno de Alfonsín y también presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado.
Ese juramento de cinco jueces de la Corte ante un Presidente se produjo por la situación anómala producto de la salida de la dictadura de 1976, que hizo renunciar a la Corte anterior en pleno y a nombrar cinco jueces nuevo, igual que había ocurrido en 1973, en la presidencia de Héctor Cámpora, y en 1958, con Arturo Frondizi.
En 1983, Alfonsín les tomó juramento porque no había jueces en la Corte para que juraran ante ellos los nuevos magistrados. Ahora la situación es distinta, porque hay tres jueces en funciones en la Corte, lo cual -si el Gobierno decide optar por ese camino- preanuncia un choque institucional inmediato.
