El proceso de venta de acciones que el Gobierno impulsó en Impsa se enlenteció. La empresa Arc Energy, que había firmado una carta de intención para adquirir la emblemática firma fundada por la familia Pescarmona, tenía tiempo hasta este sábado 10 de agosto para presentar una oferta formal de capitalización de la compañía. Pero eso no ocurrió. Solicitó una prórroga hasta el 15 de septiembre y fuentes oficiales al tanto de la negociación confirmaron que el Ejecutivo aceptará la solicitud y lo comunicará la semana próxima.
Actualmente, el Estado posee el 63,7% de las acciones de Impsa; la provincia de Mendoza, 21,2%, y el 15,1% restante se divide entre privados. Según cifras oficiales, la compañía tiene una deuda con bonistas internacionales equivalente a US$500 millones y, tal como explicaron desde un despacho del Gobierno, esto motivó que el Estado busque correrse de la compañía.
El 5 de julio Arc Energy y representantes del Ejecutivo nacional y de Mendoza firmaron una carta de intención que dio inicio a este proceso. Según informaron desde la compañía norteamericana, “la idea es quedarse con el total de la empresa”. En consecuencia, desde ese momento comenzó la etapa de “due dilligence” y mejoramiento de la oferta. Esto significa que Impsa empezó a compartirle información de la compañía a Arc Energy para que esta evalúe su estado y, en base a deudas, proyectos, empleados y cuestiones judiciales, formalice una propuesta para adquirir su control.
De esta manera, se abrió un “data room” al que sólo acceden los interesados en capitalizar Impsa. En este caso, la única que firmó una carta de intención fue Arc Energy.
Tal como indicaron actores en este proceso, la oferta que originalmente preparaba presentar Arc Energy se encontraba en alrededor de los US$30 millones. Tenía tiempo para formalizarla hasta el sábado 10 de agosto. Sin embargo, la firma norteamericana decidió presentar una solicitud formal para extender este período hasta el 15 de septiembre “por la complejidad del análisis que requiere la información del data room”.
De todos modos, Arc Energy podría ofertar antes del 15 de septiembre. Pese a la demora, desde una de las oficinas del Gobierno dijeron que están “esperanzados” con la compañía norteamericana, pero admitieron que también recibieron consultas de “otros interesados”. En el caso en que cualquier tercero quiera presentar su propia oferta podría hacerlo, pero correrá con desventaja ya que primero debería firmar una carta de intención, algo que Arc Energy realizó el 5 de julio, y luego acceder al “data room” de Impsa, cuya información demoró los tiempos.
En el Gobierno evitan hablar de “privatización” en alusión a la venta de la totalidad de las acciones que el Estado posee de Impsa dado que consideran que ya es una sociedad anónima aunque de control estatal.
Fuentes de la empresa interesada en la capitalización de Impsa describieron que parte de la dificultad del proceso previo a la presentación formal de una propuesta está relacionada a la deuda de más de US$500 millones que tiene la compañía. Esto obligó a Arc Energy a diseñar un plan de reestructuración de la misma y entablar diálogos con sus acreedores, entre quienes se encuentran el Banco Nación y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
La deuda millonaria tuvo su origen en 2014, producto principalmente de “malos negocios” con Venezuela, cuando se tuvo que hacer un plan para restablecer operaciones, con un pasivo superior a los US$1000 millones, que finalmente se redujo a menos de la mitad. En abril de 2018, el empresario Enrique Pescarmona, de 78 años, tuvo que dar un paso al costado.
El 25 de junio de 2020, el CEO de Impsa le envió una carta al entonces ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, para solicitarle ayuda para “garantizar la continuidad de proyectos nacionales de importancia estratégica para la Argentina”.
En diciembre de ese año, el Ministerio de Desarrollo Productivo confirmaba que la empresa había ingresado en el Programa de Asistencia a Empresas Estratégicas en proceso de Reestructuración de Pasivos (Paeerp) y que, por lo tanto, el Estado iba a pagar durante cuatro meses el 75% de los salarios de los trabajadores. Finalmente, en mayo de 2021 el Gobierno anunció la capitalización de Impsa junto a la provincia de Mendoza.