Con pocos años de vida, la empresa estatal Corredores Viales buscará tener nuevos dueños. En 2017, un decreto firmado por Mauricio Macri, Marcos Peña y Guillermo Dietrich creó a esta compañía con el objeto de asumir “la construcción, mejora, reparación, conservación” de las rutas, lo cual implica obra pública y el cobro de peaje. Ocho años más tarde, esa visión cambió y la gestión libertaria anunció que un nuevo decreto dará comienzo a su privatización.
Así como Trenes Argentinos es la empresa pública de los trenes, Corredores Viales es la de las rutas y los peajes. Esto significa que, desde su creación, se encargó del mantenimiento de caminos y de la recaudación de la tarifa que los automovilistas pagan por transitarlos. Actualmente, administra 8470 kilómetros que atraviesan Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Salta, Jujuy, Chaco, Corrientes, Misiones, San Luis, La Pampa, Santiago del Estero y Tucumán.
Se trata de una compañía que vivió durante tres gestiones diferentes: la macrista, la albertista y la mileísta. El tamaño de esta firma, así como sus números, variaron de acuerdo a la administración de turno. El último informe de ocupación del Ministerio de Economía, que da cuenta de cuántos cargos o empleados dependen de cada organismo o sociedad del Estado, muestra que en noviembre la planta de Corredores Viales fue de 3579 personas. Es decir, unas 157 menos que en diciembre de 2023, cuando La Libertad Avanza llegó al poder. Esto significa que en ese entonces la planta era de 3736, una cifra que quintuplica al número de diciembre de 2019, cuando finalizó Cambiemos (681 cargos).
Otra perspectiva a analizar es el desempeño de Corredores Viales en el cobro de peajes. En ese sentido, el último reporte de ejecución presupuestaria de la cartera dirigida por Luis Caputo, correspondiente al tercer trimestre del año pasado, muestra que hasta ese momento la empresa recaudó $91.407,1 millones. A su vez, la operación total le significó ingresos por $106.419,8 millones. Sin embargo, los gastos para solventarla fueron superiores, ya que alcanzaron los $107.692,9 millones. El Gobierno le transfirió unos $22.533,1 millones -un ratio de $82 millones por día- para, junto con ingresos por otros activos, la firma tenga un resultado financiero positivo de $23.779,4 millones.
En paralelo, de acuerdo con el Mapa de Inversiones de la Secretaría de Obras Públicas, Corredores Viales tiene sólo cuatro obras en ejecución. Tres de ellas en la provincia de Buenos Aires (dos en la autopista Ricchieri) y la restante en Tucumán. La lista de trabajos de infraestructura en las rutas y autopistas se incrementa al observar que la Dirección Nacional de Vialidad tiene a su cargo otros 84 proyectos con la etiqueta de “en ejecución”.
El déficit financiero de Corredores Viales es algo que logró revertir la gestión libertaria, dado que en 2023 y en 2022 la compañía cerró con resultado financiero negativo: $5103,7 millones y $9624 millones, respectivamente. Estos números en rojo ni siquiera pudieron estar en verde con las transferencias corrientes del Tesoro. En el último año de la gestión de Fernández, la compañía recibió $28.013,7 millones. Es decir, más dinero que lo que le envió la gestión Milei, incluso en términos nominales y sin tener en cuenta la inflación. Pese a eso, la empresa no pudo evitar generar pérdidas.
Sin embargo, no siempre fue así. De hecho, durante la administración del Frente de Todos registró resultado financiero positivo en 2020 y 2021. En el año en el que estalló la pandemia no recibió transferencias. En el otro, 2021, absorbió algo más de $10.000 millones. Y el último dato oficial disponible sobre ejecución presupuestaria de empresas públicas refleja que en 2019, cuando Macri dejó el poder, la empresa creada bajo su firma cerró con un superávit que superó por $16 millones al dinero que el Tesoro le transfirió para auxiliarla.
