El gobierno impulsa un proyecto de ley para regularizar la tenencia ilegal de armas de fuego. Al mismo tiempo, se desentiende de perseguir su tráfico. Estas decisiones aumentan la violencia y nos ponen en riesgo a todos. Este miércoles, la iniciativa se trata en la Cámara de Diputados.
El proyecto de ley que el gobierno pretende aprobar esta semana se suma a una resolución del ANMAC (Agencia Nacional de Materiales Controlados) que flexibiliza los requisitos para la renovación de los permisos de uso legal de armas. Estas medidas que debilitan los controles, aumentan el riesgo de promover en nuestro país un problema que no tenemos: el crecimiento de la tenencia de armas en manos de la ciudadanía y con ella, la violencia que generan.
Pero además, omite enfrentar el problema en su dimensión real. Todas las armas pueden causar daños irreparables, por eso es central reducir al máximo su circulación y reforzar controles para evitar el desvío en manos de individuos o grupos organizados que las utilizan para cometer delitos y/o actos violentos.
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Desde su llegada al poder, Javier Milei y Patricia Bullrich anunciaron diversas medidas y reformas legislativas supuestamente “anti mafias”. La cuestión del tráfico de armas estuvo totalmente ausente. Pareciera que las armas no tienen nada que ver con el crimen organizado. Las evidencias marcan lo contrario.
Las armas en manos de civiles duplican a las que están registradas
En la ciudad de Rosario, en nueve de cada diez homicidios ocurridos durante 2022 se usaron armas de fuego, mientras que a nivel país se usaron en cinco de cada diez. El desvío de armas estatales explica en parte el abastecimiento que logran las bandas criminales. En dos de los crímenes al azar que tuvieron lugar en Rosario en marzo de este año y que conmocionaron a todo el país, se utilizaron balas pertenecientes a la Policía de Santa Fe.
Aunque cuenta con esta información, el oficialismo pretende modificar una política restrictiva y torcer la tendencia de reforzar controles para el uso civil de armas de fuego que llevaba décadas y que es una de las causas de que hoy no tengamos índices de violencia con armas de fuego mucho mayores.
Hay que combatir la connivencia estatal y hay que tener sistemas sofisticados de registro y trazabilidad de las armas y municiones de las fuerzas de seguridad»
El gobierno presenta su posición como si fuera coherente con la idea de “libertad”: el que no quiere tener armas, que no las tenga; el que tiene y no las quiere tener más, que se deshaga de ellas -y para eso prorroga el programa de entrega voluntaria de armas-; y el que quiere tenerlas, que no tenga obstáculos para registrarlas.
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Esta es una “libertad” engañosa por diversas razones. Una vez que el número de armas en la sociedad crece, los riesgos que se derivan son para todos. Los que ejercen su libertad de no tener armas también van a sufrir las consecuencias violentas de que más personas estén armadas. Estas consecuencias se van a ver en las calles, en las escuelas y en los hogares.
Pero, además, una mayor circulación de armas legales implica mayores facilidades para el crecimiento del mercado ilegal. Junto con el contrabando a gran escala, existen dos vías principales a través de las cuales el mercado ilegal se provee de armas: los robos o “extravíos” por parte de integrantes de las fuerzas de seguridad, y el pasaje al mercado ilegal de armas que antes estaban en manos de legítimos usuarios. Cuanto más grande es el mercado legal, más oportunidades hay para que el mercado ilegal también crezca.
Los que ejercen su libertad de no tener armas también van a sufrir las consecuencias violentas de que más personas estén armadas. Estas consecuencias se van a ver en las calles, en las escuelas y en los hogares»
Basta mirar el ejemplo cercano de Brasil. Durante su gobierno, Jair Bolsonaro, amante de las armas, flexibilizó las condiciones de acceso para las personas. El resultado fue un crecimiento enorme de la cantidad de armas en manos de la población. El gobierno de Lula revirtió la política y derogó las medidas que facilitaban el acceso a armas. Pero las consecuencias graves ya se están viviendo. Hace unas semanas, la Policía Federal brasileña desarmó una red de tráfico ilegal de armas conformada por policías, armerías y personas con licencia de legítimos usuarios.
El esquema funcionaba así: los policías reclutaban a personas (en su mayoría pobres, de zonas rurales), les gestionaban la licencia para el uso legal, corría con los gastos de esos trámites y de la compra del armamento, y luego desviaban las armas hacia el mercado negro. Las personas presentaban entonces una denuncia por un falso robo del arma.
Se comprobó también que los policías que integraban la red robaban armas secuestradas en allanamientos u otras operaciones y las vendían nuevamente en el mercado ilegal.
Los policías reclutaban a personas, les gestionaban la licencia para el uso legal, les pagaban los trámites y la compra del armamento, y luego desviaban las armas hacia el mercado negro. Las personas presentaban entonces una denuncia por un falso robo del arma»
Desarticular las redes ilegales de tráfico de armas requiere políticas específicas que hoy no existen en la Argentina. Porque hay que combatir la connivencia estatal y hay que tener sistemas sofisticados de registro y trazabilidad de las armas y municiones de las fuerzas de seguridad. Pero el ejemplo de Brasil muestra que esto no es suficiente si al mismo tiempo se promueve el crecimiento del mercado legal.
Una política seria para reducir la violencia tiene como condición mínima desalentar desde el Estado la portación de armas. Para ello se requieren controles estrictos en el acceso y una promoción activa del desarme. Hoy el gobierno no hace la conexión entre ambas cuestiones, y eso nos pone en riesgo a todos.