El Gobierno acelera en el año el electoral con propuestas que difícilmente puedan ser debatidas o aprobadas en el Congreso y con la discusión por la inseguridad arriba de la mesa. «Estamos estudiando un nuevo código penal a corto plazo que podría estar listo para el 1 de marzo, con la apertura de las sesiones ordinarias», explicaron en la mesa chica del Presidente. Se entusiasman con que sea el propio Presidente quien haga el anuncio frente a la Asamblea Legislativa.
En algunos de los despachos más importantes de Balcarce 50 argumentan que en los últimos años el derecho penal «fue muy condescendiente con los victimarios«. Por eso, anticipan que el nuevo proyecto buscaría endurecer las penas para que, por ejemplo, la reclusión perpetua sea de pena efectiva sin el beneficio de extenderla como máximo hasta los 35 años.
Funcionarios con acceso permanente al despacho presidencial explicitaron que el Gobierno pretende que el delito de violación también sea penado con prisión perpetua. La iniciativa avanza al mismo tiempo que el proyecto de igualdad ante la ley que eliminaría la figura de femicidio, incorporada al código.
Las reformas del Código Penal -que ya tuvo 900 modificaciones desde su sanción en 1921– y del Código Procesal Penal habían sido una promesa de campaña del Presidente. El Gobierno creó una comisión de especialistas que redactó el anteproyecto que aún no fue enviado al Congreso y que ahora podría presentar el Presidente.
Desde que asumió Milei se aceleró la implementación del sistema acusatorio (que les da un rol clave a los fiscales), que debe ser incorporado en otras jurisdicciones/provincias, además de las cuatro en las que ya está vigente. «Estamos avanzando más rápido que nadie en materia acusatoria en los últimos 20 años», dijeron cerca del Presidente
El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, explicó el avance de la iniciativa que busca confrontar con el supuesto garantismo con el que el Gobierno quiere vincular a la oposición.
«Estoy trabajando en el Código Penal para que haya penas más duras. Robos con armas, homicidios, jueces que cometen cohecho con casos de narcotráfico, corrupción, incendio, vamos por una pena que no sea excarcelable, un mínimo de cuatro años«, resumió el funcionario en diálogo con TN.
Paradójicamente, el ministro había valorado el trabajo de las comisiones de reformas que presidieron Roberto Carlés y Mariano Borinsky durante las presidencias de Cristina Kirchner y Mauricio Macri respectivamente. El juez de la Cámara de Casación Penal, además, fue incorporado a la comisión que elaboró el anteproyecto.
«El proyecto de código tiene aumento sustancial de las escalas penales respecto de los delitos de corrupción. En especial, de los delitos de cohecho (pasivo y activo), soborno transnacional -en cumplimiento con la OCDE- y enriquecimiento ilícito», escribió Borinsky sobre el texto.
Un sistema «más punitivo» y cárceles privadas
En la Rosada piensan en modificaciones en el sistema penitenciario que durante esta gestión pasó por primera vez a depender del Ministerio de Seguridad. «Queremos un sistema penal más punitivo que castigue más a los delincuentes y que al mismo tiempo se puedan reinsertar más a la sociedad aquellos que estén presos«, valoró un alto funcionario.
Ponen como ejemplo la construcción de dos cárceles de gestión privada, cuya puesta en marcha fue anunciada por Patricia Bullrich en 2024. «Es necesario mayor infraestructura, leyes adecuadas y, por último, la reinserción de los presos en la sociedad«, consignaron en el entorno del triángulo de hierro presidencial.
Según consignaron en la Cartera de Seguridad oportunamente, el proceso de resocialización de los internos también quedaría bajo supervisión privada y el Estado solo debería pagar un canon por cada recluso.
